La jueza Loretta Preska –titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU– le ordenó al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y exfuncionarios.
Específicamente, de los dos últimos ministros de Economía del país: el actual, Luis Caputo, y el anterior, Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda de la gestión de Alberto Fernández y candidato presidencial en 2023. Podría haber pedido también sobre otros funcionarios, actuales o de períodos anteriores.
Se trata de una amplia gama de información, como mensajes personales, correos electrónicos oficiales y personales, y también contenidos de servicios de mensajería, como WhatsApp. Incluye información de Banco Central.
El proceso se da en medio de los que se conoce como el “discovery” del alter ego, o demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”. Y no solo con YPF sino también con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
“La medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”, destacaron desde la Procuración del Tesoro. El organismo oficial que lleva adelante la defensa del Estado aseguró que el país ya brindó una “extensa cooperación” y entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en EEUU, Argentina y otros países.
“Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery: su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar “arrojar arena en los engranajes” de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía. La República Argentina está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”, destacó la Procuración.
Burford Capital es el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en esta extensa causa y es el principal beneficiario del fallo en primera instancia que obligó al país a pagar USD 16.000 millones (ya más de USD 17.500 millones por los intereses) por expropiar mal la empresa en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Burford convenció a Preska de que Argentina se realiza trabajo oficial usando equipos privados, como teléfonos y programas de mensajería, y por eso quieren conocer esos mensajes. No pide mensajes de tono personal, sino vinculados a “palabras clave” relacionadas con la causa, como “YPF”, por ejemplo.
“Argentina no puede decir ‘no hay nada′ porque eso significaría que se borró información o se destruyeron dispositivos", destacó otro allegado. “¿Funcionarios y exfuncionarios públicos ya tiraron los iPhones al Río de la Plata?“, bromeó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El objetivo final del “alter ego” es poder embargar activos y cobrar algo de la sentencia. En ese sentido, la jueza también habría ordenado la entrega de una amplia variedad de instrumentos financieros, como bonos y otros, para ver si los demandantes consideran si pueden ser pasibles de embargos.
Alter ego
En paralelo a la apelación de la causa central, la condena en primera instancia por los USD 16.000 millones, surgieron una serie de pedidos de Burford (la ley de EEUU permite que la causa puede avanzar en el tribunal original a pesar de la apelación). Uno de ellos fue exigir que el Estado les traspase el capital accionario para cobrar parte de la deuda, algo que el país apeló y argumentó en la Corte de Apelaciones y cuya resolución se espera para los próximos días.
El “alter ego” es otro de los caminos de esta causa. Se trata de una medida más que intentó Burford para cobrar o negociar: demostrar que YPF y Argentina son “lo mismo”. Qué el Estado no sólo es el accionista mayoritario de la empresa.
Demostrar eso en una corte es algo muy complicado, pero los demandantes buscan conseguir información en el proceso, lo que se llama discovery, para reclamar que como “son lo mismo” y el Estado perdió el juicio, pueden cobrar de los activos de la empresa. Y de otras que también incluyó en el pedido, como Enarsa. Ahora también quiere hacer con instrumentos financieros, como bonos.
Ese discovery incluye, por ejemplo, el pedido de información de las empresas y hasta lo que se solicitó hoy: mails y comunicaciones entre funcionarios. Es poco probable que surja algo de peso en esa información que podría entregarse, pero seguramente más de uno se pondrá nervioso. Está claro de que se trata de otra forma con la que Burford busca negociar de alguna manera, algo a lo que se negaron sistemáticamente los últimos cuatro gobiernos que atravesaron esta causa, los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
La postura seguirá igual, según juran en la Casa Rosada. “No se negociará, de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales que tengamos”, le aseguraron a este medio fuentes oficiales.
Fuente: Infobae
