La lucha contra la corrupción tiene un camino claro: lograr que no sea económicamente rentable la traición al interés público. A este combate desigual no lo gana un individuo, sino una comunidad movilizada y activamente demandante. En un país muy afectado por hechos de corrupción, Entre Ríos comparte similitudes con otras provincias pero detenta sus particularidades.

En nuestra provincia el fracaso institucional de los organismos y Procedimientos de Control es burdamente usado como argumento defensivo de inocencia. Con desilusión vemos que noveles profesionales de esas estructuras responden a sus superiores, quienes se benefician ignorando lo que la sociedad demanda: independencia y transparencia. Si estas existiesen solo propondríamos mejoras en mecanismos de control. Sin embargo, se llegó a un punto donde el cabildeo, la negociación entre actores privados, públicos y partidarios asumen la transgresión de todo tipo de reglas como la condición para desarrollar la iniciativa estatal.

La mejor forma de cortar con esta práctica generalizada es, efectivamente, combatir la impunidad y fortalecer la investigación de los delitos contra la administración pública. Esto se logra reasignando los recursos existentes para que estén a disposición de quienes investigan y juzgan aquellos ilícitos. Por esto es impostergable la sanción de la Ley de Ética Pública que manda el artículo 37 de la Constitución Provincial, y la Ley de Acceso a la Información Pública que reglamente el artículo 13 de aquella.

 Esto facilitará el aporte del periodismo libre y la sociedad civil comprometida en la pelea contra la corrupción. La contracara del derecho a la información es el deber de brindarla de todos los funcionarios, principalmente de quienes encabezan los tres poderes del Estado. Debe digitalizarse y dar libre disponibilidad a bases de datos de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, pues es detrás del inaccesible entramado societario donde se esconden los vínculos de la corrupción. Y en la globalización actual es relevante la adquisición de herramientas que permitan el análisis de la cadena de datos presentes en las criptomonedas, de amplia utilización por funcionarios corruptos a fin de eliminar el rastro de las rentas de sus actos espúreos.

(Más información en la edición 1142 de la revista ANALISIS del jueves 20 de julio de 2023)