La Justicia anuló la resolución que habilitaba la temporada de caza menor en Entre Ríos. Por primera vez en los años que tradicionalmente se implementa, la modalidad fue cuestionada por la notoria ausencia de una base científica para fundar el permiso de ultimar especies, principalmente patos autóctonos. Lo que también desnudó el proceso legal fueron las irregularidades de las prestadoras de turismo aventura al manejar un arsenal de rifles sobre los cuales no existen controles provinciales. “Empresas les dan escopetas a extranjeros sin tener la habilitación nacional como operador para el uso de armas”, se explicó a ANÁLISIS.

Por Silvio Méndez

En un fallo que no registra antecedentes, la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná a cargo de Andrés Manuel Marfil anuló la resolución de la Dirección General de Fiscalización (DGF) Provincial Nº 1.099/22 con la que se habilitaba la caza menor en ciertos sectores del territorio entrerriano.

La sentencia conocida este 7 de julio ordena cancelar el permiso que se encontraba vigente hasta el 15 de agosto para la caza “de las especies autóctonas Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa)”, especifica el texto.

Deja en un impase a la liebre que, por ser introducida, no entra en el amparo ambiental que interpusieron el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal ONG, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM).

A pesar que el magistrado no admitió a los animales como sujetos de derecho –que era otra de las solicitudes de la demanda–, el dictamen de Marfil fue bien recibido por las organizaciones socio ambientales. Las entidades esperaban de alguna manera un desenlace a su favor por cómo se fue desenvolviendo el proceso. Las razones más fuertes que esgrimieron las litigantes fue la falta de estudios técnicos y científicos en cuando a cantidad y condiciones de las poblaciones de patos con los cuales se fundamentara su matanza. Este fue un punto débil que los representantes de la dependencia bajo la órbita del Ministerio de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial no pudieron resolver en la audiencia con expertos convocada por el juez para dilucidar sobre la cuestión.

Precisamente en una de estas instancias -el 30 de junio-, el magistrado citó a testimoniar a cuatro especialistas por las partes. Por la Dirección de Recursos Naturales fue ofrecido José Osinalde; por los amparistas Valentín Zulpo y Gabriel Bonomi; y como autoridad científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue Alejandro Giraudo.

Para las ONG que impulsaron la derogación de la resolución 1.099, este cruce de información fue clave para lo que sobrevino luego. “Quedó muy claro y evidente la falta de estudios en los últimos 20 años de las poblaciones de aves habilitadas para la caza”, hizo notar el integrante de Ceydas, Gabriel Bonomi, quien detalló que la Provincia aportó sólo planillas aisladas del conteo de los patos, lo que evaluó como “una tremenda improvisación por parte de los técnicos de la Dirección de Recursos Naturales”. Para el especialista en aves, otra demostración de la informalidad oficial es que “las vedas son rotativas, totalmente al azar, sin ningún tipo de metodología. Las especies para cazar se eligen de forma totalmente azarosa; los cupos también”, enumeró.

Por estos argumentos, las entidades que promovieron la medida judicial señalaron que la sentencia es un gran avance, reconocieron a ANÁLISIS. Pero, también porque pone bajo la lupa la actividad cinegética en la provincia. Resulta que al ventilarse en este litigio detalles de cómo se desarrolla la actividad, ha quedado en evidencia un marco normativo laxo en el cual se mueven las empresas de turismo aventura que gestionan las excursiones de caza. Se trata de un negocio que tiene por apreciados clientes a turistas extranjeros amantes de realizar tiros con escopetas a blancos vivos, y por el cual obtienen jugosos ingresos en dólares.

(La nota completa en la edición gráfica número 1132 de la revista ANALISIS del jueves 14 de julio de 2022)