De perfil bajo y palabra precisa, Pablo Seró está a cargo desde 2012 del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, el más grande de la provincia en cuanto a jurisdicción se refiere. Aunque no suele brindar entrevistas, aceptó dialogar con ANÁLISIS y no le escapó a ningún tema. Habló de los cambios que implicó la pandemia, del trabajo puntilloso e incesante contra el narcotráfico y la trata de personas, de la falta de personal y de la reforma judicial.

Ayelen Waigandt

Pablo Seró ejerció como abogado durante 18 años, se dedicó a la docencia, fue durante seis meses secretario de un Juzgado Civil y Comercial, y en 2012 se hizo cargo del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, con competencia Criminal y Correccional. Habla con tranquilidad, analizando cada pregunta, y deja importantes definiciones sobre cada tema.  

Trabaja junto a un plantel de empleados que no da abasto para cubrir la demanda de los ocho Departamentos que tiene bajo su jurisdicción: Uruguay, Colón, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, San Salvador y Feliciano. “Nos vimos desbordados”, admite.

Cuando analiza la realidad de la Justicia, grafica: “Dios atiende en Buenos Aires. Esa es una máxima de la que no estamos exentos”. Sobre el flagelo del narcotráfico reconoce que “los recursos humanos y materiales son insuficientes en relación a cómo el delito crece día a día” y asegura que “cada vez sorprende menos” que “una persona que siempre tuvo una vida normal y ahora se queda sin trabajo, se vuelque al narcotráfico”.

- ¿Cómo se trabaja en pandemia y cuánto cambió el trabajo en este tiempo?

- No somos la excepción en lo que hace a la generalidad de la población, hemos sufrido cambios y nos tuvimos que ir adaptando a todo. El agravante de este Juzgado es que tiene la mayor extensión territorial del fuero federal en la provincia y tuvimos que asumir todas las causas que tienen que ver con la infracción al artículo 205 del Código Penal por la pandemia.

En el último tiempo hemos derivado algunas causas a la justicia provincial para poder seguir trabajando en los temas que son moneda corriente para el Juzgado, pero la justicia provincial trabó un conflicto de competencia y ahora tenemos una causa que está en la Corte Suprema, que deberá dirimir quién debe seguir adelante con esta clase de investigaciones.

- ¿Las que están en ese debate de competencia son todas causas exclusivas de la pandemia?

- Exacto. Son causas iniciadas por incumplimiento de las medidas y los decretos. El esquema normativo de la pandemia se inició en marzo de 2020 y a partir de allí se empezó a trabajar sumando todos esos incumplimientos relativos a la pandemia a nuestro quehacer diario, y llegó un momento en que –en razón de la extensión territorial y de la cantidad de causas que tenemos- nos vimos desbordados porque además lo hacemos todo con el mismo plantel de recursos humanos. Por eso tomamos la decisión de derivar algunos Departamentos a la Justicia provincial para que se hagan cargo de esas causas. Hay algunos que sí se hicieron cargo y hay otros que plantearon conflictos de competencia y por eso lo elevamos a la Corte Suprema.

- ¿Cuántos empleados tiene el Juzgado?       

- En este momento tenemos dos personas haciendo home office, y el resto está trabajando todo de modo presencial. Son entre 14 y 16 personas. Ese plantel se desempeña hace muchos años en el Juzgado, desde antes que yo me hiciera cargo, y nunca creció la plantilla aunque sí creció el trabajo, porque siempre al delito lo vamos corriendo desde atrás.

En cuanto a los cambios del trabajo en este tiempo, más allá de que nuestra labor no es preventiva, en esta situación pandémica hicimos algo que no se hacía antes que es colaborar en la prevención, dando instrucciones a las fuerzas federales de seguridad, participando de los Comités de Emergencia Sanitaria y demás. 

(Más información en la edición gráfica número 1120 de la revista ANALISIS del jueves 6 de mayo de 2021)