Del pacto con Tavi Celis al festival de contratos y designaciones en planta permanente para lograr la reelección, el exintendente Sergio Varisco forjó un descontrol premeditado con un importante lote de personal con causas penales pesadas y vínculos con el narcotráfico. Varios personajes que integraron bandas delictivas se pasean actualmente en dependencias municipales, a la espera de la oportunidad para volver a cooptar las estructuras que les den poder e impunidad, según determinó ANÁLISIS. Otros, ya recuperaron cargos de importancia en la estructura comunal y son un dolor de cabeza para Adán Bahl.
J.A.
(especial para ANÁLISIS)
Ya lo hicieron una vez y buscarán hacerlo de nuevo: el narcotráfico está permanentemente a la expectativa de poder internarse en las estructuras municipales para consolidar su poder y ganar impunidad. El descalabro que dejó la gestión de Sergio Fausto Varisco juega a su favor: los contratados producto del acuerdo político con el financista de su campaña, Daniel Tavi Celis; los que estaban de tiempo atrás y fueron cooptados por esas bandas; los condenados que pese a estar presos seguían cobrando sus haberes y ahora vuelven a sus áreas de trabajo como si nada; los designados en planta permanente y jerarquizados por decreto sin expediente alguno, entre los que se filtran nombres de resonantes causas penales. Se habla de unos 500 personajes del hampa paranaense, de distintos niveles delictivos. Un descontrol que Varisco utilizó para sumar poder político, profundizado en su desesperación por ser reelecto: 1.300 contratos y 213 pases a planta permanente entre marzo y junio de 2019.
El desmadre en la Municipalidad de Paraná durante esos cuatro años se podría dividir en tres etapas.
La primera, desde diciembre de 2015 hasta mediados de 2017, cuando estalló el escándalo en la causa Narcoavioneta, donde surgieron en las escuchas telefónicas las demandas del narcotraficante Daniel Celis a Varisco, al exconcejal Pablo Hernández y a la exsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, por los contratos prometidos en la campaña que él había financiado. Como se sabe, se trataba de 45 contratos para familiares y allegados al Tavi, quien ya dominaba la Unidad Municipal 2 y pretendía hacerse del sindicato Suoyem.
Algunos de esos fueron dados de baja, como el caso de la expareja de Celis, Luciana Lemos, la actual, Fernanda Orundes Ayala, y uno de sus hijos. Pero muchos otros que no quedaron implicados en la causa judicial, permanecieron y son empleados que de alguna manera le deben esa condición al narco.
Aquella causa se había iniciado con la sospecha de que un director de la Unidad 2, Miguel Carmelo Leguizamón, había llevado 1.800 kilos de marihuana a una vivienda de calle Alemanes del Volga en un camión municipal, en agosto de 2015. Se trataba del padrastro de Celis, quien luego fue imputado, procesado y condenado por la operación de la avioneta con 317 kilos de droga que aterrizó en un campo de Colonia Avellaneda. Actualmente Leguizamón está con baja y sumario sustanciado en 2018. Mientras se investigaba esa banda, salieron a la luz las elocuentes conversaciones telefónicas entre narcos: “Yo no quiero nada Dani, lo que yo quiero es simplemente un contrato copado para mi mujer nomás”, le dijo un hombre a Celis en medio de una charla sobre comercio de drogas. “Se acuerdan los 45 contratos y las designaciones de los cargos de la Unidad 2, fueron cinco direcciones, cinco subdirecciones, y diez jefaturas de departamento”, declaró luego un testigo de identidad reservada.
(La nota completa en la edición 1112 de la revista ANALISIS del jueves 16 de julio de 2020)
