El fiscal general José Ignacio Candioti alineó todas las pruebas y presentó una historia verídica y sólida sobre el acuerdo político del exintendente Sergio Varisco y el narco Daniel Celis y el posterior financiamiento para la compra de droga por parte del exintendente. Desechó las dudas sembradas durante el juicio y pidió tomar conciencia del daño causado a la sociedad y las instituciones. Las defensas le apuntan a la investigación y a la declaración de arrepentida de Luciana Lemos. En unos días se conocerá el veredicto.
J.A.M.
“Un acuerdo espurio”. Así definió el fiscal general José Ignacio Candioti al pacto entre Sergio Varisco y Daniel Celis en 2015, que pasó del apoyo económico y político durante las elecciones, al dominio del narco de un sector de la Municipalidad y al posterior financiamiento de la compra de cocaína. El pedido de 10 años de prisión para el exintendente y de 15 años para el jefe narco fue la estocada de la acusación pública, tras un juicio por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio que llegará a casi 30 jornadas.
El final de la etapa de declaraciones en el debate, fue el momento más caliente de los casi tres meses de audiencias, con la exposición de los principales imputados: Griselda Bordeira, Pablo Hernández, Daniel Celis y Sergio Varisco, algunas más sólidas, otras más endebles. Cuando concluyó esta larga instancia de producción de pruebas, algunos pensaron que el andamiaje de evidencias de los dos abultados expedientes se había destartalado, más por haber sembrado las dudas suficientes que por la ausencia lisa y llana de elementos que incriminen a los narcotraficantes con la complicidad de los exfuncionarios políticos en la actividad ilícita. Quedaron flotando varias preguntas, principalmente: ¿Hay certeza de la existencia de un mecanismo aceitado de flujo de recursos municipales hacia el narcotraficante para la compra de cocaína, o son presunciones sobre indicios aislados?
(Más información en la edición gráfica número 1110 de la revista ANALISIS del jueves 19 de diciembre de 2019)
