Un juicio que expone la podredumbre

Edición: 
1108

 

J.A.M.

 

Algo huele mal en el salón de 25 de mayo 256 y no es la basura que no se junta hace días en el centro y semanas en algunos barrios: están declarando concejales y ninguno sabe bien cómo se financiaron sus candidaturas; están declarando empleados municipales y dicen que un narco les dictaba órdenes desde la cárcel; está declarando una mujer que recuerda cómo se distribuía cocaína en las elecciones del sindicato municipal y del Iosper; está declarando un amigo del narco que pretendía hacer obras para la ciudad con su empresa constructora; están declarando mujeres de los barrios históricamente postergados de Paraná y recuerdan la única ayuda social que obtenían gracias a la mujer del narco, y que repartían bolsones por votos; está declarando un investigador que renunció a la Policía Federal y está amenazado por los narcos; está declarando un empleado de la Provincia que entró a la Municipalidad de la mano de su amigo narco, obtuvo un cargo directivo en la Unidad 2 y ponía a disposición camiones sin GPS para trasladar “muebles” a San Benito; están declarando contadoras de la Policía Federal sobre llamativas desprolijidades en los movimientos de dinero de las arcas municipales; está declarando un municipal que recibía indicaciones del narco en la cárcel para la disputa del sindicato.

 

La podredumbre de una forma de la práctica política se expone casi sin vergüenzas en el juicio de las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio. Y se trata solo de los entretelones de lo principal que se intenta demostrar: el compromiso del intendente Sergio Varisco en el financiamiento de la empresa narco de Daniel Celis. En las 16 jornadas que hasta ahora se han desarrollado ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, las pruebas sobran para demostrar el vínculo estrecho entre ambos, el acuerdo político-electoral y el provecho que el narcotraficante obtuvo desde el Municipio. La discusión permanece sobre la verdadera intención de Varisco en los beneficios otorgados a Celis.

 

La historia es conocida: Celis es narco. Varisco sabe que Celis es narco. Celis trabaja e invierte en la campaña electoral de Varisco. Celis controla un sector de la Municipalidad. Varisco le otorga contratos para sus familiares y allegados (no todos los prometidos). Celis cae preso por un robo y luego lo procesan por narcotráfico. Ahora todos saben que es narco. Celis quiere recuperar aquella inversión: acuerda con Varisco pagos mensuales. Celis rearma su banda, compra cocaína, distribuye y vende. ¿Varisco financió la empresa narco de Celis?

 

El juicio parece girar alrededor de este interrogante, que tiene respuestas fundadas tanto positivas como negativas. Testigos, arrepentidos, anotaciones, escuchas telefónicas y documentación contable, señalan la inconfundible y estrecha relación entre el narco y el político, y los beneficios que obtuvo Celis para desarrollar su negocio. Suficiente para condenar al intendente.

 

(Más información en la edición gráfica número 1108 de la revista ANALISIS del jueves 21 de noviembre de 2019)

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