Antonio Tardelli

La denuncia inicial de un empresario que aseguró haber sido víctima de una extorsión planeada por el fiscal Carlos Stornelli, quien motoriza la investigación vinculada al sistema de corrupción montado alrededor de la obra pública durante la era kirchnerista, y su derivación posterior referida al funcionamiento de una red ilegal de espionaje, suponen pésimas noticias: son dos reflejos de un funcionamiento institucional sospechado de ilegal. La combinación inquieta por lo que en sí misma expresa pero también porque pone en peligro una investigación inédita que (una suerte de Lava Jato autóctono) ha mandado a la cárcel, en una inusitada sucesión de confesiones, a un ejército de ex funcionarios complicando también a prominentes figuras del establishment económico.

Piedra, papel o tijera, cualquiera de las investigaciones que sepulte a la otra estará generando un nuevo episodio de impunidad. Sería un efecto, tan previsible como indeseable, de la politización del Poder Judicial, convertido en escenario de enfrentamientos que debieran expresarse en el Parlamento, en los medios de comunicación o en el espacio público en general. El fiscal Federico Delgado y la periodista Catalina De Elía, ambos licenciados en Ciencia Política, publicaron en su momento un libro titulado La cara injusta de la Justicia. Examinan allí la desconfianza social que provoca el funcionamiento de ese poder estatal encargado de hacer cumplir las leyes e impartir castigos a quien corresponda.

Sostienen que los jueces y los fiscales se reconocen a sí mismos como actores políticos, mas no en el sentido amplio de la expresión sino como figuras llamadas a gravitar en los procesos de disputa por el poder. Son parte, se afirma, de una concepción arraigada que a la vez los incluye y los excede. Participan de la idea de que la política es un espacio cerrado, regulado por una lógica propia, al que se accede “no por una vocación de dedicar parte de la vida a los demás, a las cosas comunes y a la realización personal a través de la realización colectiva, sino por tratarse de una actividad de la que derivan prebendas y beneficios materiales que permiten mejorar la existencia económica de las personas”. Una descripción que descorazona.

Malas noticias, pero no falsas: a las incidencias de lo que sucede en ese campo de disputa, justamente allí, asistimos por estas semanas.

(Más información en la edición gráfica número 1094 de la revista ANALISIS del 4 de abril de 2019)