Silvio Méndez
El 1 de noviembre fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la reglamentación de la Ley de Generación Distribuida de Energías Renovables. La normativa que fuera aprobada en noviembre de 2017 en el Congreso Nacional habilita que particulares puedan generar energía para autoconsumo y en caso de tener excedentes inyectarlo a una red de distribución. La ley está pensada para la producción de energías limpias: eólica, solar y por biomasa, es decir, la que surge a partir de los desechos de materia orgánica. Esta legislación posibilita así descentralizar la generación eléctrica y a su vez aportar a una conversión que permita abandonar paulatinamente el uso de hidrocarburos.
Esta transformación, que poco a poco gana espacio en el debate público, trata no sólo de una ecuación meramente económica en términos de “ahorro”. Forma parte también de las metas pautadas a nivel internacional en el Acuerdo de París firmado en 2016. Suscripto por 97 países, incluida la Argentina, este pacto compromete a una baja de la emisión de gases generadores del efecto invernadero cuyo impacto más temido es el calentamiento global.
Pues bien, la iniciativa que impulsó el diputado nacional porteño, ex Greenpeace, Juan Carlos Villalonga (PRO–Cambiemos) aseguró con la reglamentación de la Ley N°27.424 la puesta en marcha de una legislación de vanguardia. Asimismo, la norma cuenta con otro reaseguro que le da vida. Se trata de una bolsa de 500 millones de pesos que se encuentran asignados en el Presupuesto Nacional 2019 bajo el concepto de Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FONDIS) y otro monto en créditos fiscales que puede ir de 100 a 300 millones de pesos más, según cómo se cierre el debate por la asignación de recursos para el año que viene.
Este dinero destinado a promover la generación y distribución de energías limpias está ideado para pymes, industrias y establecimiento agropecuarios que planeen desarrollar estos proyectos energéticos. Y en la provincia podría ser de gran interés para establecimientos avícolas (donde ya hay experiencias) y porcinos (que generan gran cantidad de desechos orgánicos) que podrían canalizar sus materiales de descarte para generar biogás que alimente pequeñas usinas eléctricas. Se trata de incorporar tecnologías eficientes y ya probadas.
Pero para poder acceder a estos incentivos, la provincia de Entre Ríos debe adherir a la ley nacional. En eso está el diputado Joaquín La Madrid (PRO–Cambiemos), que rápidamente se reunió con Villalonga para tramitar la adecuación legislativa, retomando una coordinación en la que venían trabajando. De este modo, este lunes 5 de noviembre ingresó a la Legislatura entrerriana la iniciativa para adherir al “régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública” que establece la Ley 27.424. Pero la propuesta de La Madrid podría verse frustrada porque también se encuentra en danza un proyecto del diputado Diego Lara (PJ). El mismo fue elaborado en conjunto con la Secretaría de Energía y la distribuidora de Energía de Entre Ríos SA y establece un régimen propio para el fomento de este tipo de red de energía que, según La Madrid, carece de la posibilidad de acceder al incentivo nacional.
La propuesta de Lara ingresó el 23 de octubre y pasó un día después a estudio de la comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales. El proyecto del oficialismo tomó la delantera y relegaría, más que nada por una cuestión de vidriera política, el que promueve y acompaña la oposición.
(Más información en la edición gráfica número 1089 de la revista ANALISIS del jueves 8 de noviembre de 2018)
