Por Juan Cruz Butvilofsky
El Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Paraná se mudó a finales de septiembre a unas oficinas ubicadas en calle Urquiza al 1146, a tan sólo una cuadra de la Peatonal San Martín y a pocos metros del Municipio. Esta mudanza le calzó como anillo al dedo a los abogados del Departamento Ejecutivo de Paraná, Walter Rolandelli y Francisco Avero, quienes frecuentan con asiduidad esa sede judicial en su carácter de abogados particulares. Allí se tramitan los procesos judiciales que derivan de las deudas que tienen los contribuyentes con el municipio y que los funcionarios deciden judicializar ante la imposibilidad de hacerse con el monto adeudado. Estamos hablando de miles de ciudadanos paranaenses que quedan debiendo al municipio por impuestos impagos, multas por infracciones a leyes impositivas y sanciones impuestas por los juzgados de Faltas municipales a la ciudadanía.
La comuna tiene la potestad de judicializar el proceso de cobro hasta cinco años desde que se generó la deuda. Durante ese plazo previo, el ciudadano puede ir a la sede de la Administración Fiscal Municipal (Afim) y acordar con el organismo un plan de pagos que ofrece posibilidades a los deudores que son, en su gran mayoría, ciudadanos de bajos recursos que no pudieron afrontar el pago total de la deuda.
Antes de que prescriba la posibilidad de acción judicial, la Afim hace su última intervención enviando un aviso final al contribuyente para que concurra a la sede de calle 25 de Mayo y arregle el pago de su deuda. En la intimación se advierte al deudor sobre el inminente proceso judicial que se abrirá en el caso de que no acuda al organismo. Si el ciudadano deudor no se hace presente en la Afim, se emite el título y pasa a gestión judicial.
Es allí cuando empiezan a surgir las incompatibilidades de altos funcionarios del municipio que tienen absoluto manejo de la situación. La judicialización de las deudas de los ciudadanos está a cargo de dos direcciones municipales: la Dirección de Procesos Judiciales y la Dirección de Apremios y Créditos Fiscales. La primera depende de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio y la segunda, que antes dependía de la misma área, ahora está bajo la órbita de la Fiscalía Municipal.
Rolandelli es secundado en la secretaría por Mariel Varisco, sobrina del intendente por ser hija de Humberto Raúl Varisco, hermano mayor del jefe comunal. Hasta julio de este año, la Dirección de Procesos Judiciales que está bajo la órbita de Legal y Técnica se encontraba a cargo de Guido Rubén Zufiaurre, abogado del fuero local. Sin embargo, por un decreto firmado por el intendente el 20 de julio de 2018 –al cual tuvo acceso ANÁLISIS- se designó al propio Rolandelli como director de Procesos Judiciales.
“Desígnase al agente Dr. Walter Oscar Rolandelli como Director de Procesos Judiciales en su actual categoría 24 del Agrupamiento Jerarquizado dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a partir de la fecha del presente”, señala el artículo 1º del decreto. Acto seguido, el artículo Nº 2 consigna: “Déjese a cargo de la Secretaría Legal y Técnica al agente Dr. Walter Oscar Rolandelli, a partir de la fecha del presente y hasta tanto lo disponga el Departamento Ejecutivo”.
Es decir, Rolandelli -como funcionario- es su propio jefe en cuanto al cargo de planta. Esto le permitiría seguir ostentando el cargo clave luego de que Sergio Varisco deje de ser intendente y deba abandonar la Secretaría Legal y Técnica del Municipio. En cuanto a lo salarial, el Artículo 3º del decreto firmado por Varisco, afirma: “Autorícese a la Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Liquidaciones de Haberes del Personal, a liquidar y abonar al agente Rolandelli las diferencias salariales que le puedan corresponder entre su cargo dispuesto en el Artículo 1º y lo establecido en el Artículo precedente”.
(Más información en la edición gráfica número 1087 de la revista ANALISIS del jueves 11 de octubre de 2018)
