Silvio Méndez
El máximo tribunal de justicia de la provincia deberá definir qué fin tendrá la demanda para que se deje de fumigar las escuelas rurales. Se llega a esta instancia luego de una persistente campaña motorizada por docentes rurales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y que ha sido acompañada por organizaciones ambientalistas. Se presenta este escenario luego de innumerables intentos por establecer una regulación sobre el uso y aplicación de los agroquímicos para la actividad intensiva, en donde distintos proyectos han naufragados por el choque de intereses en la Legislatura. Se arriba a esta situación luego que el pasado 22 de agosto Agmer y el Foro Ecologista Paraná presentaran formalmente un pedido de amparo ambiental que ingresó en la Cámara Civil II, Sala Segunda, y tuviera eco en el vocal que quedara a cargo, Oscar Daniel Benedetto.
Frente a este pedido, el magistrado se expidió el 1 de octubre y ordenó, entre otras medidas, el cese de las “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos”.
Este fallo fue apelado por el Gobierno Provincial con argumentos entre los cuales se destaca la inviabilidad de la medida dado la extensa de la superficie que se vería afectada por la restricción impuesta, entendiendo que estos lotes quedarían sin uso. En el memorial presentado el 6 de octubre con las consideraciones esgrimidas por la Fiscalía de Estado se solicita asimismo que se convoque a las partes involucradas para ser escuchadas. El planteo es, en definitiva, lo que se ha intentado en las cámaras de Diputados y Senadores para arribar a un acuerdo para redactar una normativa al respecto, y que hasta el momento no ha tenido mucha suerte.
Las demandantes, por su parte, en su memorial que ahora deberá evaluar la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ, insisten en la urgencia de tomar medidas para proteger la niñez y los docentes que se ven en peligro al estar expuesto a las derivas de las aspersiones con productos en base a glifosato, el poderoso veneno que en 2015 la Organización Mundial de la Salud colocó en el listado de sustancias probablemente carcinógenas para humanos.
“Creemos que no podemos conciliar sobre la posibilidad de contaminar o no”, sostuvo Aldana Sasia, abogada del Foro en diálogo con ANÁLISIS. La representante legal también afirmó que no se discute el fondo del planteo, que es la protección de los niños, niñas, adolescentes y personal docentes que padece de las fumigaciones indiscriminadas. Apunta asimismo que en la apelación oficial tampoco se discute posibilidades para esos terrenos lindantes a las escuelas que quedarían sin fumigar. Como alternativa para debatir, ejemplificó, se podrían promover cultivos bajo un sistema de agroecología, permacultura o incluso ganadería.
Así las cosas, con las cartas echadas, a partir de la semana entrante, comenzarán a correr los cinco días hábiles para que el Superior Tribunal de Justicia se expida tras el sorteo del orden en que se emitirán los votos.
Argumentos
En rigor, el fallo de Benedetto hizo lugar parcialmente al amparo ambiental que promovieran Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos.
Originalmente además de un límite para las fumigaciones, la demanda requería un “sistema de vigilancia epidemiológica” así como “estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”. En igual sentido pidieron a que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos realice exámenes sobre el agua para el consumo de los alumnos en estos establecimientos rurales.
(Más información en la edición gráfica número 1087 de la revista ANALISIS del jueves 11 de octubre de 2018)
