Por Ayelen Waigandt
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Desde la adopción del sistema acusatorio en la provincia, hace tres años y medio, se creó en el ámbito del Poder Judicial la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMA), cuya función es realizar el seguimiento y control de aquellas sentencias en que se disponen condenas condicionales y suspensiones de juicio a prueba (probation).
Se advierte año a año un incremento sostenido de las condenas de este tipo en que debe intervenir la OMA. Los números son claros: de enero a junio de 2015 ingresaron para ser controladas 238 personas (163 probados y 75 condenados); en el mismo periodo de 2016, fueron 263 personas (170 probados y 93 condenados); y de enero a junio de 2017, fueron 336 (192 probados y 144 condenados). Entre enero y septiembre de 2018, ingresaron 451 personas para ser controladas (179 condenadas y 272 probadas). En total, las personas controladas son 1.139, 541 probados y 598 condenados.
El sistema acusatorio promueve salidas alternativas a la prisión, como la probation o la mediación penal que requieren de un control. “Si no hay un control de las medidas alternativas, el mismo proceso penal genera impunidad, y por esto la Sala Penal del STJ trabajó fuertemente en equipar estas oficinas para tener un verdadero control de las personas para que se cumplan las reglas de conducta y las pautas establecidas”, afirma Juárez.
Con este sistema, el 90 por ciento de las causas que tienen elementos suficientes terminan con condenas condicionales a través de juicios abreviados, la suspensión del juicio a prueba o la mediación penal, y son mínimos los juicios orales y públicos que se realizan. “Por eso la obligación de controlar que tiene la OMA permite mitigar la sensación de impunidad que generan muchas veces las salidas alternativas”, dice el joven abogado.
Datos de interés
El 10 por ciento de los casos que se controlan en la OMA son por delitos de índole sexual, mientras que en el 19,29 por ciento de los casos totales que ingresaron a la Oficina, en los cuales se dictó una suspensión de juicio a prueba o una condena condicional, la Justiciaabordó una problemática de violencia de género, estableciendo generalmente reglas de conducta para cumplimentar (probation).
A la hora de analizar estas estadísticas, Juárez sostiene que “es un porcentaje significativo para la Justicia, que antes no existía. Estos datos son de 2018 y no hay estadísticas de años anteriores, pero se puede decir que este tipo de delitos y su persecución penal se comenzaron a visibilizar hace algunos años, probablemente por el accionar de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género”.
En el 36 por ciento de los casos de violencia de género las personas condenadas en forma condicional o probadas son menores de 30 años, y ese número trepa al 54 por ciento en casos de personas menores de 35 años.En tanto, solo el 10 por ciento de los condenados o probados por delitos de violencia de género tiene la secundaria completa, y el 17 por ciento no terminó sus estudios primarios (primaria incompleta o analfabeto).
(Más información en la edición gráfica número 1087 de la revista ANALISIS del jueves 11 de octubre de 2018)
