Antonio Tardelli
Dicho de otro modo: el interrogante es si la convivencia cordial entre una administración de un signo político, Cambiemos, y los gobernadores enrolados en alguna de las variantes del peronismo no se extiende hasta el punto de que, dadas las condiciones imperantes, todos se conformen con mantener lo propio. Los miembros de la alianza gobernante, con el poder nacional que tanto les costó conquistar y qué tantas dificultades les presenta al momento de ejercerlo; los jefes territoriales del interior, con su reelección personal o la posibilidad de ceder el mando a algún favorito. En el medio, ¿variables de la negociación?, los instrumentos del ajuste.
Acuciado por las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso a cambio de un financiamiento imprescindible, el gobierno del Presidente Mauricio Macri apuró este mes nuevas medidas de ajuste. Estableció una serie de recortes adicionales a los que oportunamente había adoptado. Las nuevas disposiciones fueron la eliminación del Fondo Federal Solidario, la suspensión de la anunciada rebaja de retenciones a la exportación de productos derivados de la soja y la reducción de reintegros a las ventas al exterior. Un informe elaborado por Claudio Lozano y Mariana Rivolta desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) analiza el efecto de las determinaciones oficiales.
Plantea básicamente que Macri procura llegar a las metas acordadas con el FMI a expensas, por un lado, del sector privado. Es lo que sucede cuando mete mano a los reintegros a las exportaciones, una decisión que –apunta el trabajo– genera un impacto diferencial según el producto o la región de la que se trate. A la vez, los decretos del Poder Ejecutivo obligan a las provincias a profundizar su esfuerzo fiscal. Para la Casa Rosada, la reducción de ingresos a las exportaciones supone un ahorro fiscal de 5 mil millones de pesos para este año y de 29 mil millones para 2019. En tanto, la suspensión de la rebaja de derechos de exportación para la soja representa para el gobierno nacional un ingreso adicional de unos 1.500 millones de pesos para este año y de 12 mil millones para 2019. Mientras, la supresión del llamado fondo sojero comporta para el poder central un ahorro fiscal de 8.500 millones para 2018 y de 26.500 millones para 2019.
En el tiempo de las vacas flacas, el interior, como generalmente sucede en el país centralista, vuelve a sacrificarse. En el casino gana la banca; en la institucionalidad argentina, el puerto.
(Más información en la edición gráfica número 1084 de la revista ANALISIS del jueves 30 de agosto de 2018)
