Silvio Méndez
Los docentes universitarios entrerrianos se preparan para un intenso segundo semestre. El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu) que nacionalmente adhiere a la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU Histórica, resolvió dar mandato a sus congresales –que nacionalmente se reúnen desde este 5 de julio– para plantear la no toma de exámenes en el turno julio-agosto y el no inicio del segundo cuatrimestre. En tanto, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) enrolada en CONADU a secas, lanzó una consulta entre sus afiliados en donde también se sondea sobre ese mismo abanico de acciones de protesta.
No es nuevo que los profesores de nivel superior estén en pie de guerra, pero sí que sus reclamos comiencen a visibilizarse más ampliamente.
El centro del conflicto es la quita de fondos que el gobierno nacional ha comenzado a concretar para la educación pública universitaria. Comenzó con una reducción del presupuesto para funcionamiento de casi 1.000 millones de pesos respecto a lo aprobado por el Congreso y se ha anticipado que la tijera no parará hasta llegar a 3.000 millones. En algunos casos se han detectado ajustes de programas que superan el 90 por ciento. Y ahora, para colmo, se ha denunciado la restricción de recursos mediante una estratagema que se produce con la subejecución de partidas, al menos en los primeros cinco meses del 2018.
En cuanto a sueldos se ha realizado una propuesta de recomposición salarial del 15 por ciento en cuatro cómodas cuotas.
Este cóctel de conflictos estalla de diferentes maneras según la unidad académica. Uno de los casos más complejos se da en la Universidad de Río Cuarto, donde ya se anunció que no se pagarán los aguinaldos. En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en tanto, se ha dejado trascender a los sindicatos que los haberes están asegurados, pero se harán recortes de dinero para extensión e investigación, se paralizarán obras de infraestructura e incluso se proyecta incrementar el costo del plato en los comedores universitarios.
Menos que antes
AGDU–CONADU difundió recientemente un informe elaborado por su Instituto de Capacitación y Estudios (IEC) donde se da cuenta de la situación. En base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, este gremio docente señala cómo la merma de financiamiento impacta en el desarrollo de las actividades universitarias.
Para comenzar se planteó que el presupuesto para todas las Universidades nacionales ya sufrió un recorte del originalmente aprobado. En mayo quedó en 106,7 mil millones de pesos, es decir en 975,5 millones menos al que dieron acuerdo los legisladores.
Entre las partidas más afectadas están ciertos programas que dependen de la Secretaría de Desarrollo de Educación Superior, como el de Acciones para el desarrollo de infraestructura universitaria que tenía un presupuesto aprobado de 1.276,50 millones de pesos. Ese fondo quedó en 806,60 millones, un 36,8% menos.
En Entre Ríos, este ajuste afectaría obras que estaban pensadas para realizar en la costa del Uruguay.
Esteban Rossi, de SITRADU, contó a ANÁLISIS que “en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desarrollada en Jujuy en el mes de marzo, la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, anunció que debido a una reasignación presupuestaria las universidades públicas sufrirán un recorte de 3.000 millones de pesos, así como la suspensión de obras de infraestructura. En lo referido a este apartado, la UNER se ve afectada directamente porque según fue confirmado por el propio decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, se detuvo la construcción de la primera escuela secundaria de la UNER en Concordia, por falta de fondos. Este recorte de 3.000 millones podría afectar aún más la quita de dinero a las actividades en investigación, extensión y otros programas que la universidad genera con presupuesto de la Nación. Decimos que se ‘podrían’ afectarían aún más porque inclusive, sin el recorte de 3.000 millones, las universidades tienen que manejarse hasta fin de año con un presupuesto que fue aprobado con una expectativa inflacionaria del 17% que ya fue superada en estos seis meses.
(Más información en la edición gráfica número 1081 de la revista ANALISIS del jueves 5 de julio de 2018)
