Silvio Méndez
Uno de los dispositivos observa las escaleras de la puerta principal, otro está instalado en el hall de ingreso, y los restantes examinan dos sectores de patio interno y galerías, donde generalmente circulan constantemente escolares incautos.
De acuerdo a lo que denunciaron los profesores que se oponen a la medida, el sistema costó $20.000, para lo cual se echó mano a fondos nacionales que se destinan a la compra de insumos informáticos, según relevaron en el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd) del Ministerio de Educación.
Además, según lo que dejaron trascender, la idea de dar a conocer el rechazo a la iniciativa y exponer el problema surgió porque observaron trabajos de lo que sería un nuevo cableado para instalar más dispositivos de vigilancia. A las cuatro cámaras activas se les sumarían más, esta vez en los ingresos de los baños del establecimiento.
Atado con alambre
Los docentes que pusieron el grito en el cielo señalan que el hecho es grave si es evaluado desde distintas aristas.
Primero porque se capta a menores en los patios, sin consentimiento de los padres, sin resguardo o explicación alguna sobre el manejo de los registros fílmicos que se tomen. Además la medida fue tomada de forma inconsulta con la comunidad educativa. Y siendo que el argumento de la rectora es que las cámaras se instalaron al efecto de brindar seguridad ante posibles o eventuales casos de violencia, los profesores indicaron que se cuenta con otras herramientas institucionales para abordar esta problemática, desde el código de convivencia hasta instancias de diálogo propias que se puedan dar en el colegio.
(más información en la edición gráfica número 1072 de la revista ANALISIS del jueves 7 de diciembre de 2017)
