Por Luis María Serroels
Por estos días ocurrieron en nuestra provincia hechos que deberían llamar la atención, en tanto exhiben conductas de un poder que se ha venido exponiendo demasiado a la crítica ciudadana y que lo aleja de la debida consideración. Justicia lenta no es justicia y Duerme el derecho, pero no muere, son aforismos que suenan antagónicos y entre ambos deambulan elementos que el colectivo social no comprende y al parecer algunos magistrados tampoco. Mientras tanto, en la puja comicial el “borocotismo” suma adherentes.
Un extraño santoral presenta como patrona de algunos letrados, ciertos funcionarios judiciales y hasta hacedores de las leyes, a Nuestra Señora de la Chicana. Existen casos que, si bien los legos no los saben descifrar por desconocimiento de las leyes, los propios magistrados contribuyen a ello por falta de una adecuada explicación (sería un modo de incorporar una útil función didáctica). No debe olvidarse que las normas se debaten y sancionan en las cámaras legislativas y las promulga el Poder Ejecutivo. No son pocas las veces en que los defensores patean hacia adelante las causas, aun sabiendo que el final inexorable será un juicio.
El tribunal que juzgó a Sebastián Wagner, violador y asesino de Micaela García en un hecho ocurrido el pasado 1º de abril, a menos de siete meses de consumado el hecho lo condenó a prisión perpetua, le impuso cinco años a Néstor Pavón por encubrimiento y absolvió a Gabriel Otero.
Se trató de un episodio que movilizó a todo el país y generó un malestar adicional al saberse que el homicida gozaba de libertad condicional, entrando en debate las pautas de excarcelación en este tipo de delito. Es que se convierten en puntos vulnerables de los regímenes penitenciarios y, como se ha visto, instalan riesgos para la sociedad como lo certificó la muerte violenta de una joven. Un criterio muy blando y condescendiente permite –como quedó demostrado- cobrarse vidas inocentes y esto se da en todo el territorio nacional, como reflejan con frecuencia los medios periodísticos.
Una eventual sanción a jueces aparentemente cultores de doctrinas abolicionistas no devolverá jamás la vida a ningún fallecido. Las presuntas benignidades del garantismo “zaffaroniano” –más cerca de favorecer a los victimarios que a sus víctimas- quedaron mal paradas.
