Antonio Tardelli
Ni La Vieja Usina ni la Escuela del Centenario son el Llao Llao pero de cualquier manera fueron también acondicionadas para la ocasión. Y ello trajo aparejado costos que el erario público afrontó, en buena medida por adelantado, en medio de una apremiante secuencia que privilegió la velocidad por sobre la eficiencia. El resultado: un sobreprecio que los investigadores calculan en 17 millones de pesos. Y una causa que se sustancia en la Justicia de Entre Ríos con una carátula significativa: Fraude a la Administración Pública.
Fojas relevantes se incorporaron esta semana al expediente: prestó declaración la directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, quien fue requerida debido a la labor que en su momento le cupo como coordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur. Quienes en el gobierno especulan con el impacto político de cada investigación penal se toparon esta semana con un dato alentador: la causa no será elevada a juicio antes de noviembre. O sea, el eventual mal trago se producirá después de las elecciones. El oficialismo, con bastantes problemas en ese plano, tiene al menos por el momento una razón menos de que preocuparse.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del 21 de septiembre de 2017)
