Silvio Méndez
En un episodio por demás curioso, el Ejecutivo de la Municipalidad de Paraná resolvió, en menos de un mes, el llamado a concurso público abierto de méritos para la selección y designación de un titular para el Juzgado de Faltas Nº 3 de la ciudad. En ese lapso, también integró un jurado y realizó una instancia de oposición de antecedentes. Si bien restan todavía el examen escrito de quienes pasaron la primera etapa, la entrevista personal, la conformación de una terna y el acuerdo del Concejo Deliberante para llegar a un nombre, todas las sospechas inducen a que el proceso estaría encaminado para designar lo antes posible a la funcionaria que ya ocupa interinamente el cargo.
El diligente proceso para integrar este Juzgado se inició formalmente el 12 de mayo, con el decreto N° 708. Luego fue dado a conocer, casi por lo bajo, el 11 de julio, en medio de la feria judicial de invierno. Y nueve días corridos después, el 20 de julio, cerró la inscripción.
La convocatoria, dada de este modo, ya fue objetada por la seccional Paraná del Colegio de Abogados. La entidad profesional fue directamente excluida de estar representada en el tribunal evaluador, que por procedimiento y legalidad debería integrar. Al ser advertido este “error”, como consuelo, desde el Tribunal Administrativo Municipal que gestiona el concurso se le solicitó que sea “veedor” en el proceso, algo que fue rechazado de plano. El Colegio, en cambio, pide una nueva convocatoria, que se permita la amplia participación de los matriculados, así como que sea bajo las reglas y condiciones que establece el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para esto casos.
Por su parte, los gremios municipales, encabezados por la Asociación del Personal Superior (APS), rechazaron el modo en que se desarrolló la convocatoria. Según se adelantó a ANÁLISIS, esta posición se plantearía formalmente en un escrito ante el Tribunal Administrativo Municipal y sería acompañada por el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Personal de Obras Sanitarias en Paraná.
En este documento se pedirá a su vez que se sustancie un nuevo concurso con intervención del Colegio de Abogados en el jurado y los órganos competentes.
Por otra parte, tres candidatos que llegaron a inscribirse presentaron impugnaciones al concurso, ya que marcaron una serie de irregularidades. Entre las observaciones se destacan la falta de reglas para una elección por idoneidad, lo que atentaría contra los principios de constitucionalidad y legalidad resguardados tanto en la Carta Magna provincial como en la nacional. Estos argumentos se fundan en que no se ha garantizado la igualdad de participación y tampoco se asegura la aptitud para ocupar el cargo.
(más información en la edición número 1064 de la revista ANALISIS del jueves 10 de agosto de 2017)
