Silvio Méndez
Una vez más, la Justicia emplazó a la Municipalidad de Paraná a tomar medidas para solucionar definitivamente el problema de la basura en la ciudad.
Una vez más, se constató oficialmente que a lo largo de tres gestiones municipales no se ha cumplido con los mandatos judiciales de erradicar los basurales que pululan en distintas zonas del ejido, no se han mitigado las emanaciones tóxicas producto de la quema en el Volcadero y tampoco se ha llevado un programa efectivo de separación de los residuos urbanos.
Una vez más, tras sucesivas audiencias de conciliación, se amenaza a la comuna que bajo apercibimiento se le aplicarán sanciones económicas de no cumplir con lo ordenado.
Y así, la de los desperdicios, la historia de cómo las administraciones municipales y los ciudadanos de Paraná no se hacen cargo de lo que todos los días desechan, es una historia de nunca acabar.
Es un drama del cual se puede contar, en uno de sus últimos capítulos, que a fines del mes pasado la titular del juzgado Civil y Comercial Nº 8, María Andrea Morales, emitió una sentencia, a raíz de un reclamo del Foro Ecologista Paraná para que se sancione al municipio por no cumplir con un mandamiento judicial para abordar la problemática de la basura. Se trata de un reclamo que se remonta a una denuncia y causa por ejecución de sentencia iniciada en abril de 2008, luego del memorable fallo del ex juez Roberto Parajón que el 27 de junio de 2007 resolviera una acción de amparo a favor de frenar la contaminación por la quema de residuos en el Volcadero, hasta tanto se defina su saneamiento.
Morales tomó esta decisión tras la última constatación judicial que se realizó el pasado 25 de mayo de 2017. En la oportunidad, refirió la jueza, se registró “un retroceso en los objetivos alcanzados en los últimos años”, que trasunta “un incumplimiento” del mandato judicial a lo que fue “condenada la Municipalidad de Paraná”. La magistrada se refiere a los compromisos asumidos por la comuna en distintas instancias de acuerdo, que se han llevado adelante estos últimos 10 años. Para sostener la afirmación, la jueza enumera los basurales constatados, y deja sentado que hay registro fotográfico como prueba.
(Más información en la edición gráfica número 1062 de la revista ANALISIS del 6 de julio de 2017)
