Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS)

El disparador ha sido una idea lanzada desde el oficialismo provincial. El senador Ángel Ghiano y la senadora nacional Sigrid Kunath –con progresivas adhesiones de intendentes-, apuntan a lograr que, en aplicación de sendos preceptos de la Ley Suprema y la Constitución entrerriana reformada en 2008, se provincialice la parte del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande sobre lado argentino.

Más allá de las consabidas imputaciones sobre una eventual intención electoralista –se dice que hasta ahora nunca se le había ocurrido al FPV entrerriano avanzar sobre esta cuestión-, lo cierto es que trata de una oportunidad que no se debe desperdiciar.

El propósito no es de ahora pero eso no lo invalida. Recordemos que el entonces senador nacional entrerriano Héctor María Maya (PJ) logró el 27 de abril de 1998 la aprobación de la Ley 29.954, referida a la distribución de los excedentes de Salto Grande (un 67,5% para Entre Ríos, un 27,5% para Corrientes y el restante 5% para Misiones). Se trata de las utilidades que quedan una vez operada la represa y pagados los costos que incluyen regalías, financiamiento y personal a partir de la sanción.

Luego sobrevino la creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG). Pero en la realidad, su accionar –muchas veces denunciado- evidenció la utilización del ente como una caja política en lugar de ceñirse a sus verdaderos fines.

Los fondos generados han sido cuantiosos, pero su mala administración –corrupción de por medio- llevó a que se posterguen importantes obras complementarias y estructuras de protección de costas y defensas contenidas en los objetivos iniciales. Carlos Menem llegó a calificar a la Represa Binacional de Yacyretá como “el monumento a la corrupción”. Parece que hubo quienes copiaron ciertas malas mañas en la costa del Río de los Pájaros.

No olvidemos que esta obra originó la formación de un lago que sepultó la ciudad de Federación y con ello la historia, los sueños, los proyectos y el futuro de muchas familias, determinando un antes y un después para los lazos vecinales, las actividades comunitarias y –lo principal- una mezcla de añoranzas, dolor y pesadumbre que en muchos aún perdura. Ver los restos de la vieja ciudad en cada bajante del lago, no deja de ser traumático, pero esa fenomenal ofrenda al progreso del país fue un poderoso incentivo a la hora de la resurrección: hoy la Nueva Federación luce como un ejemplo de tenacidad, pujanza y sacrificio, siendo una de las más atractivas ciudades de la Mesopotamia.

El legislador Giano, en su proyecto llamado “Ley de Soberanía Energética”, procura que la represa de Salto Grande pase a dominio y administración de Entre Ríos, afirmándose en argumentos que devienen de la referida Ley 24.954 y en especial los artículos 124 de la Carta Magna y 85 del estatuto entrerriano. El primero reza que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios” y el otro –en consonancia- alude al dominio originario del Estado entrerriano en “el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa”. No soslaya “asegurar su uso racional y sustentable y atender las necesidades locales”.

Se busca el “reconocimiento positivo y energético del federalismo de los recursos, en este caso naturales”. Se habla de riquezas como la pesca, la biodiversidad, la explotación turística y desde luego la energía. Similares razones emplea la senadora nacional Kunath, centrando su proyecto en un “legítimo reclamo” como un “aporte reivindicatorio de nuestra provincia respecto a Salto Grande, que forma parte de la historia e identidad entrerriana”, argumenta.

Ello despertó un previsible y necesario debate que saque del letargo a ciertas franjas de actores del abanico provincial.

Desde la oposición han salido voces acusando a Giano de “oportunismo político más que de una verdadera intención de lograr el objetivo que plantea (…) con un tufillo electoralista”. Más allá de las infaltables subjetividades, si esto se concreta el ciudadano de a pie –ajeno a los juegos discursivos- terminará dándole la bienvenida al oportunismo. El mejor modo de servir a la provincia sería apoyar el proyecto y tratar de enriquecerlo.

Días pasados, el diputado José Artusi (Cambiemos), con buen tino, propuso afirmar la soberanía energética con una matriz independiente de todo requerimiento externo (incluye a yacimientos sólidos, líquidos, gaseosos y recursos hídricos existentes en el territorio argentino y su plataforma continental). Los considera estratégicos y patrimonio inalienable de la Nación. Su aporte vale.

Habría que indagar en la memoria para descubrir qué intentos propios de los críticos hubieron en el camino relacionados con temas como éste, que atañen a todas las fuerza vivas y con especial interés a los partidos políticos. De ser así, resultaría valioso compatibilizarlos.

Es verdad que en los años en que gobernó el kirchnerismo nacional y provincial no se abrió esta cuestión, pero ello no justifica la emisión de juicios apresurados. Sean Juan, Pedro o Diego los que impulsen planes fundamentales, lo que importa es que las cosas se hagan y que se hagan bien. Deben dejarse de lado los intereses exclusivistas y actuar con auténtica grandeza.

Pero es justo destacar que Maya (hijo del ex gobernador entrerriano Héctor Domingo Maya, quien suscribió el protocolo inicial tras el acuerdo argentino-uruguayo suscripto por Juan Perón en 1946) y el ex legislador Augusto Alasino, habían presentado con anterioridad la propuesta de un nuevo convenio en el cual en vez de fondos en pesos se haga entrega directa de electricidad, evitando costos y demás imposiciones, concretándose en el mismo pie de la represa, a la empresa provincial Enersa. La recuperación de aportes que sobrevendrían, se estimó en unos 3.000 millones de pesos por año para las arcas provinciales.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del jueves 22 de junio de 2017)