Juan Cruz Varela
Apenas transitaba su primer año de mandato, allá por mayo de 1988, cuando Jorge Busti, entonces gobernador de la provincia, impulsó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de siete a nueve miembros, y en cuestión de días designó a Daniel Carubia, su amigo personal y socio en el estudio jurídico, y a Carlos Chiara Díaz, un funcionario judicial de carrera. Casi treinta años después, son los únicos que todavía tienen la toga puesta, los únicos que sobrevivieron a los vaivenes de los gobiernos de turno que persisten en las estrategias para designar allí a personas de su confianza.
Ese es uno de los motivos por los cuales el proceso de juicio político que se tramita en la Legislatura contra Chiara Díaz es histórico; el otro es porque nunca desde el retorno de la democracia un juez del alto cuerpo ha sido removido de su cargo por esta vía.
La denuncia fue promovida por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador, quien acusó al magistrado, en términos genéricos, por la supuesta utilización irregular de viáticos y por sus reiteradas ausencias en el despacho por los viajes que realiza para dar clases, charlas y conferencias fuera de la provincia. Hilando más fino, Reggiardo dice que Chiara Díaz cobra una remuneración como juez por días no trabajados para el Poder Judicial; que ha percibido viáticos por misiones oficiales que no eran tales; que viaja gratis; que tiene otras remuneraciones, más allá de su sueldo de magistrado; y que percibe viáticos del STJ por tareas que no tienen relación con su tarea de juez.
“No puede seguir ocupando un lugar en el máximo tribunal un juez que diseña toda una estrategia de entramados y mentiras para no ir a trabajar a su despacho y que todos los entrerrianos le solventemos su vida paralela y sus trabajos paralelos”, expresó Reggiardo en el escrito que presentó el 14 de noviembre pasado ante la Cámara de Diputados. “Desde hace mucho tiempo, uno, dos y hasta tres días a la semana, (Chiara Díaz) abandona sus tareas en el Superior Tribunal para realizar otras actividades que en nada se relacionan a las funciones que la Constitución Provincial le asigna a los magistrados”, agregó.
(Más información en la edición gráfica número 1052 de la revista ANALISIS del jueves 8 de diciembre de 2016)
