Natalia Buiatti

Las coimas no tienen recibo. En la defraudación millonaria al Estado entrerriano, ejecutada a través de compensaciones tributarias simuladas en la ATER, probablemente hubo más que cuatro empleados “infieles”. Probablemente hubo funcionarios y altos jerarcas de la política provincial que supieron de las maniobras ilegales y en lugar de denunciar lo que pasaba, tomaron una tajada de la torta. Pasó miles de veces en una década -período comprendido en la causa judicial-, pero nada indica que operatorias de este tipo no se hayan ejecutado desde varios años antes, por lo menos desde 2000, cuando se implementó el Sistema Administrativo Tributario (SAT), programa informático interno que permitió que se licúen las deudas a cientos de contribuyentes.

En 2014, cuando la suspicacia de una empleada rasa hizo estallar la bomba, el hilo se cortó por lo más delgado. En la picota se colocó a cuatro que se desempeñaron en lugares claves, empleados que accionaron directamente para ejecutar las maniobras ilegales. La más importante por su jerarquía, Estrella Martínez de Yankelevich -ex jefa de Despacho de la ATER-, en un principio fue exonerada del organismo y luego se jubiló. Le seguía quien entonces era jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión, señalado como responsable de consignar con su clave personal y secreta en el SAT, créditos inexistentes en favor de algunos contribuyentes y en contra del Estado.

El tercer imputado es Darío Barreto, ex director de Interior de ATER y ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador; encargado de ofrecer a contribuyentes compensaciones de duda pagando un 70 por ciento del total, si se hacía en efectivo. El cuarto, Fabrizio Dayub, ocupó el mismo cargo que Barreto cuando la ATER aún era Dirección General de Rentas (DGR).

Según lo que actualmente consta en la causa judicial, entre ellos cuatro concretaron la maniobra. Los testimonios sindican a Barreto y Dayub como quienes ofrecieron a los contribuyentes, compensarle deudas impositivas que mantenían con el Estado provincial a un 70 por ciento del total. El particular entregaba la documentación necesaria para iniciar un expediente por compensación y abonaba en efectivo el 70 por ciento de su deuda.

(Más información en la edición gráfica número 1050 de la revista ANALISIS del jueves 10 de noviembre de 2016)