D. E.

Faltan allanamientos a otros lugares vinculados a Juan Pablo Aguilera (en General Campos y en Concordia), como así también habrá medidas en torno al crecimiento patrimonial de Sergio Urribarri, Mauro Urribarri y sus otros familiares directos. Hay lugares a allanar en Paraná, Concordia y General Campos.

Y tras ello saldrán seguramente las imputaciones pertinentes. Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo cuentan casi con una habitación completa de documentación en torno a la causa Urribarri. Hay suficientes pruebas para imputar al ex gobernador; al actual ministro de Gobierno, al igual que al secretario del bloque de senadores del PJ, quien aparece como el más vulnerable, tanto por su crecimiento patrimonial, como por sus negocios incompatibles en la función pública.

Cada negocio que Aguilera hizo con organismos del Estado (llegándose casi a anular la Imprenta Oficial, para que todo se hiciera en la planta del cuñado del ex gobernador) o con los municipios, los concretó tras el llamado del propio Urribarri o de su hijo Mauro. Los tres funcionaron casi como una cooperativa, donde había una orden y tras ello una tarea por realizar. Hubo también casos de facturas por determinados trabajos que, en realidad, nunca se hicieron pero se cobraron. Eso también habrá que seguir atentamente.

(Más información en la edición gráfica número 1044 de ANALISIS del jueves 11 de agosto de 2016)