Daniel Enz
Hacía mucho tiempo que no existía una información que conmoviera tanto al arco político urribarrista. La decisión de los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, de disponer ocho allanamientos simultáneos por delitos de corrupción, los sacó de quicio. Desde el ‘83 a esta parte, nunca había sucedido una medida judicial idéntica, para investigar irregularidades en manejos de fondos públicos. Ese primer lunes de agosto hubo insistentes llamados a fiscales, jueces y vocales del Superior Tribunal de Justicia desde la Cámara de Diputados de la provincia, pero también desde el Poder Ejecutivo entrerriano. “¿Cómo nos hacen esto?”, repetía de modo insistente uno de los familiares directos del ex gobernador Sergio Urribarri.
Y cada uno de los integrantes del clan Urribarri se abroqueló durante toda la mañana para ver cómo encontraban respuestas que no podían hallar. El denominado gran cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, estaba sacado. Le habían garantizado impunidad de movimientos y que la causa judicial no iba avanzar. Que todo lo que se conocía era “fuego de artificio”, pero era a él a quien estaban allanando. Su hermana, Ana Lía Aguilera, exigió un auto oficial urgente en la puerta de su casa de Concordia y viajó de urgencia a Paraná, esa misma mañana, apenas escuchó casi quebrado en el teléfono a su hermanito preferido. Fue, en realidad, quien más cosas le reclamó a su esposo diputado y siempre con la vehemencia que la caracteriza. Porque le habían pintado otro panorama del expediente y el abogado Marcos Rodríguez Allende le aseguró que no se hiciera problemas.
El operativo judicial se diagramó bajo absoluta reserva en los días previos a ese lunes de agosto. Pero, evidentemente, hubo algunas filtraciones, que tanto los hombres de la Policía Federal (ya que no se acudió a la fuerza entrerriana, como siempre sucede, porque se iba a allanar a un familiar directo del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, jefe directo de los uniformados de esta provincia) como los fiscales, entendieron que sucedieron. De otra manera no se entiende cómo en dos de los lugares allanados por la justicia ya no había nadie viviendo o alquilando. El 30 de julio -es decir, escasos días antes- se habían retirado sus moradores: o sea, allegados directos a Juan Pablo Aguilera en sus negocios. De igual manera, tuvieron casi ocho meses -tras la denuncia periodística de ANÁLISIS y la apertura de la causa penal, de la mano de Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, en diciembre del año pasado- para esconder, modificar o desaparecer documentación o elementos comprometedores de las viviendas allanadas.
(Más información en la edición gráfica número 1044 de ANALISIS del jueves 11 de agosto de 2016)
