Juan Cruz Varela
El narcotráfico, como fenómeno criminal, se ha instalado en el país cada vez con mayor impacto, hasta convertirse en uno de los temas más preocupantes para la sociedad. Y Entre Ríos no es una isla. Para decirlo claramente: se han detectado cocinas de cocaína; ingresan estupefacientes por agua, por tierra y por aire; solo en Paraná existen ochocientos kioscos de venta de droga; hay soldaditos que son adolescentes pobres, marginados, sin recursos ni esperanza, reclutados como mano de obra de bajo costo, a cambio de algún celular, armas y las drogas que consumen; existen sicarios, algunos con varias muertes encima.
No hay nada de ficción en esto: las estructuras del narcotráfico crecieron subestimadas por los gobiernos, se dividieron los barrios y corrompieron el entramado social.
A fines del año pasado se produjo uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la provincia, no tanto por la cantidad de droga secuestrada (1,91 kilos de cocaína), sino por el compromiso de varios agentes de las fuerzas de seguridad con el tráfico de estupefacientes, el nivel de penetración en el aparato estatal y por el nivel de sofisticación que tenía la banda que operaba desde el barrio Paraná XVI. El 18 de diciembre fueron detenidas trece personas, entre ellas el líder de la organización, Nicolás Castrogiovanni, alias Gordo Nico; el director de la cárcel de mujeres, Victorio Bernardo Aguirre; su hermano, Pedro Guillermo Aguirre; la pareja de éste, Evangelina Priscila Álvarez, también agente penitenciaria; un policía provincial en actividad, el sargento Rodrigo Medina; su padre, el ex policía Hugo Héctor Medina; y otras siete personas, familiares de ellos o emparentados entre sí, cada uno con distintos roles dentro de la organización. Esta semana se completó el golpe, con el arresto casi de película del proveedor de la cocaína que vendía la banda, Ramón Ariel Pucheta, alias el boquetero chaqueño; y de Jorge Sebastián Andino, alias Sugu, la persona que oficiaba de nexo entre Pucheta y Castrogiovanni.
Provocar la caída de esta organización le llevó nueve meses a la Policía Federal, entre marzo y diciembre del año pasado; y cuatro meses más hasta la detención de los proveedores. Se realizaron seguimientos, filmaciones, fotografías y escuchas telefónicas que permitieron reconstruir al detalle la estructura de la organización, determinar los roles de cada uno de los integrantes y establecer que se trataba de una banda de gran poder económico, con permanencia en el tiempo y alto nivel de sofisticación; que tenía vendedores en los barrios Paraná XVI, Lomas del Mirador y Thompson, también en Diamante y que extendía sus redes hasta Santa Fe.
(Más información en la edición gráfica número 1038 de la revista ANALISIS del jueves 21 de abril de 2016)
