Juan Cruz Varela
Ricardo Fabián Barreiro es, para el gran público, el jardinero. Se ganó el mote por su “trabajo” como cuidador de la residencia oficial de gobernadores en El Calafate, provincia de Santa Cruz, tarea que cumplió desde la década del noventa hasta el año 2012.
Pero Barreiro es, además, un polifacético empresario que extendió su red de negocios en distintas provincias argentinas durante el kirchnerismo, exhibiendo credenciales presidenciales y haciendo gala de su cercanía con el poder. Así llegó a ser “embajador cultural” de Clorinda, en la provincia de Formosa; “asesor” del Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos; contratado en un organismo nacional; y empresario multi-rubro en Santa Cruz y en Tucumán. Entre sus múltiples actividades, por ejemplo, tiene un complejo de cabañas en El Calafate, una empresa de colectivos, la concesión de una empresa de envíos, un restaurante en pleno centro de Río Gallegos y es propietario del hotel Altos de Amaicha, en los Valles Calchaquíes tucumanos.
Sin embargo, a pesar de su cercanía con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Barreiro era un hombre de bajo perfil dentro del entorno presidencial. Hasta que quedó expuesto.
En mayo de 2013 el abogado Guillermo Mulet presentó una denuncia penal para que se investiguen las circunstancias en que se produjo su designación como coordinador de (CEICER) y la contratación de empresas a su nombre por el Estado provincial.
Ese fue el principio de su ocaso.
En su denuncia, el abogado Mulet pedía que se investigara si Barreiro había percibido alguna suma de dinero en concepto de viáticos por su rol de asesor de la provincia y si había incompatibilidades entre esa función y su condición de proveedor del Estado.
Lo que se descubrió fue algo más.
(más información en la edición gráfica número 1037 de ANALISIS del jueves 7 de abril de 2016)
