D.E.
El diputado provincial oficialista José Ángel Allende sabe que si gana el contador Gustavo Bordet la Gobernación esta vez no seguirá como presidente de la Cámara Baja, tal como viene sucediendo desde principios de 2012, tras la ausencia de Jorge Busti. Pero, a su vez, le preocupa que se reactive la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre sus espaldas, a partir de la denuncia periodística de ANÁLISIS, precisamente en marzo de 2012. Su preocupación por esto último fue de tal magnitud, que hasta le hizo llegar mensajes concretos a la justicia de parte de un alto funcionario provincial, como así también de un legislador del Frente para la Victoria, pidiendo, de alguna manera, clemencia en la tarea investigativa o bien que, directamente, siga en el freezer y no tenga avances. “No quiero ser otro Mario Yedro”, dicen que comentó alguna vez Allende, recordando la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente del bloque de senadores provinciales del PJ entre 1995/1999, denunciado por esta revista y por lo cual terminó condenado, con la expropiación de los campos mal habidos, valuados en 6 millones de dólares.
Sucede que el expediente y parte de la documental requerida a los diferentes organismos nacionales y provinciales ya se encuentra en el Consejo de Tasaciones, para que se haga una evaluación de los bienes. Allí también ya está designado un perito oficial –por decisión del juez Gustavo Maldonado, que es quien tiene la causa, que inicialmente había tramitado Marina Barbagelata- y se espera que la defensa de Allende proponga un perito de parte, porque hasta el cierre de esta edición no se había concretado. Una vez terminada la valuación de los inmuebles y otros bienes, se verá si ésta coincide con los ingresos del diputado y gremialista de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos.
Cabe acotar que el Consejo de Tasaciones no depende de la justicia entrerriana, sino del Poder Ejecutivo, lo que pareciera un absurdo. Por decreto 2001/10 del Poder Ejecutivo, el Consejo de Tasaciones de la provincia depende administrativamente del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. La medida la firmó en el 2010 el gobernador Sergio Urribarri y refrendado por el ministro de Gobierno, Adán Bahl, el 5 de julio de ese año. La norma, sin embargo, recién fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 27 de septiembre. El Consejo de Tasaciones dependía hasta ese momento de Infraestructura y Planeamiento, que heredó la dependencia de la ex – secretaría de Obras y Servicios Públicos. Al frente del organismo está la ingeniera Patricia Ruiz Díaz, quien llegó al cargo el 2 de julio de 2002, tras la jubilación de Juan García.
A poco de iniciada la causa, Allende concurrió con su abogado, Marcos Rodríguez Allende, quien presentó un escrito donde se consignó, a lo largo de varias carillas, que la evolución patrimonial del legislador se había dado en un marco de normalidad y estaba “perfectamente demostrado” ante los organismos pertinentes, en cuanto al ingreso y el egreso. Es más: Allende dijo que había gastado mucho menos de lo que había tenido como ingreso. Es más: consignó que su patrimonio neto, en junio de 2012, era de 1.830.399,82 pesos. Con eso había comprado viviendas en Paraná, Nogoyá y Capital Federal, tanto para él como para sus hijos; automóviles y embarcaciones; conformado sociedades; tenía casas quintas, haras, etcétera. Pero solamente reconoció como suyo un departamento en Puerto Madero y un campo en Nogoyá, porque, acotó, los autos son todos propiedad de UPCN. Y lo demás, está todo a nombre de sus hijos. O, en el caso de la casa millonaria del Parque Urquiza, que está registrada con su nombre y el de su esposa actual, Adriana Satler. En el detalle, figura un barco de importantes dimensiones, que hizo figurar en 40 mil dólares (pagado en cuotas), aunque en ámbitos náuticos se sabe que cuesta por lo menos 100 mil dólares.
