D.E.

La historia arranca a fines del segundo gobierno de Sergio Montiel. Entre el 26 y el 30 de setiembre de 2003, a 45 días del cambio de gestión, el gobierno entrerriano contrató al estudio Giménez Lassaga de Santa Fe para que “asesore” a la Provincia en dos situaciones:

-La retirada del CrediteAgricole como accionista del Banco de Entre Ríos.

-La retirada de PSEG de la Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (EDEERSA).

En concepto de honorarios se pactaron 200 pesos la hora de trabajo, como así también para el caso de recupero en dinero, en especie o en cualquier modalidad de compensación, el 12% del importe correspondiente al monto dinerario, valor de tasación actualizado o estimación acordada del valor que beneficie a la mandante como consecuencia de la labor profesional encomendada.

Si Giménez Lassaga aconsejó legalmente a la provincia no se sabe a ciencia cierta. No existe ninguna constancia administrativa de los “informes” que dicen haber presentado.

El 10 de diciembre de 2003 asumió Jorge Busti la Gobernación por tercera vez y no estaba ni enterado de la contratación de Giménez Lassaga, según se pudo determinar en Fiscalía de Estado. En ese lugar fue clave el rol de Claudia Mizawak, actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ex abogada personal de Busti, quien reemplazó a no más de un mes de la asunción al concordiense Jorge Romero.

La cuestión con el Banco de Entre Ríos la resolvió el Banco Central de la República Argentina, que terminó liquidando al BERSA y creando el Nuevo BERSA, cuyo paquete accionario fue adquirido por la familia Eskenazi. La provincia se vinculó después mediante el contrato de agente financiero, negociado por el Ministerio de Economía de Entre Ríos y luego aprobado por ley. O sea, nada tuvo que ver el estudio Giménez Lasagna.

La cuestión de EDEERSA se resolvió rescindiendo el contrato de concesión de servicio de distribución de energía eléctrica y adjudicándoselo a ENEERSA, una sociedad anónima creada por el gobierno de Entre Ríos y la Compañía Entrerriana de Gas. En ese trámite estuvieron José Gervasio Laporte (a cargo de la oficina Legal y Técnica del Poder Ejecutivo provincial); Raúl Barrandeguy (ex fiscal de Estado) y Candelario Pérez, ex funcionario provincial y socio histórico de los dos mencionados, en el conocido estudio de Tucumán y Laprida. A cargo de Energía en ese entonces estaba Carlos Molina (luego quedó alacabeza de la empresa provincial eléctrica), funcionario al frente del proyecto ferroviario entrerriano y actual esposo de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna.