Juan Cruz Varela
Hace más de doscientos años que en la Argentina se abolió (parcialmente) la esclavitud y sin embargo en todos los rincones del país sigue habiendo mujeres explotadas sexualmente, niños y niñas obreros, peones que son tratados como siervos. Entonces, en los hechos, ni fue abolida, ni murió de muerte natural.
En la Argentina, ni las leyes, ni los políticos, ni los curas, ni las fuerzas de seguridad, ni los jueces han podido detener el crecimiento de un negocio ilegal que consiste en el secuestro, traslado, hacinamiento y explotación sexual y laboral de personas.
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna y, por lo tanto, una violación de derechos humanos; constituye una forma de violencia que muestra de manera descarnada la desigualdad de género –las víctimas más frecuentes son mujeres y adolescentes expuestas a traumas psicológicos y físicos o al aumento de la probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual– y la falta de igualdad de oportunidades en el mundo capitalista.
Por definición se entiende como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” y aclara: “Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La explotación de seres humanos recorre toda la geografía argentina, aunque reconoce zonas más activas que otras. Sin embargo, las investigaciones judiciales no han detectado hasta ahora grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni rutas de exportación de mujeres argentinas a otros países. Predomina, en cambio, la “trata interna”, que sería el transporte de mujeres desde los lugares de captación hasta los sitios de explotación. En ese esquema, Entre Ríos aparece como un eslabón importante en la cadena de explotación, es decir, un lugar de recepción de personas con fines de explotación.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 30 de julio de 2015)
