Jorge Riani
Juan Cruz Varela

La lucha entrerriana más emblemática en las últimas décadas, cuando se trata de militancia desde el llano, sin dudas es la de la Asamblea Ambiental y Ciudadana de Gualeguaychú. El grito para que no contaminen el río Uruguay con los desechos tóxicos de fábricas de celulosa se escuchó mucho más allá de la Argentina. Y tuvo sus logros: la decisión de una de esas plantas, la española Ence, de desistir de instalarse en la región y la incorporación de temas ambientales en las agendas de los gobiernos más próximos.

Al tiempo que se produjeron ambas situaciones, el colectivo ambiental y ciudadano del sur de la provincia dio un ejemplo de protesta a nivel mundial. Las noticias fechadas en Gualeguaychú se leyeron en varios idiomas.

Los métodos de protesta se caracterizaron por la creatividad y el fuerte impacto mediático que lograban. Desde que la escultural asambleísta Evangelina Carrozo irrumpiera en traje de baño y con una pancarta en la Cumbre de Presidentes que se realizó en Viena el 12 de mayo de 2006 en adelante, se sucedieron una buena cantidad de hechos de gran repercusión. Hubo acciones sorpresivas en Buenos Aires, Fray Bentos –en cuya ribera del río común se instaló la planta de celulosa Botnia–, Montevideo, Paraná y obviamente Gualeguaychú.

Los asambleístas lograron reunir, por ejemplo, a más de 100 mil personas en uno de las marchas al Puente Internacional “General San Martín” que realizan cada mes de abril desde hace más de una década. Los gobiernos empezaron entonces a tratar de seducir a los asambleístas.

El ex presidente Néstor Kirchner llegó a decir en un acto en Gualeguaychú que la causa de los asambleístas “es causa nacional”. Hubo litigio contra Uruguay en el Tribunal Internacional de La Haya, se realizaron reuniones cumbre entre autoridades de ambos países, una de ellas con intermediación del rey de España y se sucedieron muchas movidas diplomáticas más.

Pero sin dudas que la acción que más preocupó al gobierno argentino fue el corte de la Ruta internacional 136, que se extendió desde finales de 2006 hasta 2010.

Cuando los asambleístas se retiraron de la ruta y la circulación internacional entre la argentina Gualeguychú y la uruguaya Fray Bentos se normalizó, el gobierno preparó un golpe contra la protesta. Un golpe de tal magnitud que debilitó hasta la mínima expresión a la acción asamblearia.

¿Cuál fue el arma que utilizó el gobierno kirchnerista? La denuncia judicial. De pronto, vecinos que jamás habían tenido ningún contratiempo con la Justicia se vieron involucrados en causas federales gravísimas, como se explica más adelante.

Unos 25 asambleístas fueron denunciados por el corte de la ruta. Por aquellos de 2006 se llegó a hablar de figuras penales graves más emparentadas al accionar golpista que a reflejar lo que es una protesta social.

Los expedientes fueron y vinieron. Hubo logros de defensores y logros de querellantes. Pero la judicialización de la protesta logró para el poder político y para la empresa que algunos de los activistas queden en situación tan comprometida, que cualquier intento por reinstalar las manifestaciones podría jugarle en contra: con sacar los expedientes guardados en cajones, se podría “disuadir” al fin de las protestas.