Luis María Serroels
Especial para ANÁLISIS
La frase presidencial, “Se es presidente sintiendo que se está cumpliendo con el compromiso de los que te votaron. A veces se habla de legalidad pero poco de legitimidad”, soslaya que éste es precisamente su caso, en tanto ha cometido vulneraciones e incurrido en procederes de claro tono autoritario, muy alejados de los moldes de un estadista de ley con vocación integradora, espíritu participativo y grandeza republicana. Cuando destaca que el magro 22 % de sufragios obtenido por su esposo en 2003 (y su acceso al gobierno merced al escape consensuado de Carlos Menem) no fue óbice para todo cuanto hizo, la mandataria comete una contradicción, porque habiendo logrado ella guarismos electorales de innegable contundencia (2007 y 2011) hoy no tiene argumentos auto referenciales válidos para asumirse como la mejor de la historia.
Sus ataques vía twitter y por cadena nacional ante una claque sumisa -a veces vulnerando el art. 75º de la Ley de Medios 26.522-, más el uso de las trasmisiones de fútbol para encumbrar a sus candidatos y las réplicas obedientes de los medios cooptados por el erario público, no contribuyen a edificar un buen legado para el devenir argentino.
Sus recientes exigencias ameritan un cuidadoso análisis. Respecto de los bienes que ostenta la familia Kirchner –aplicando el interés deslizado en la solicitud hecha a sus adversarios para que muestren manu pulite- sería un buen punto de partida revisar sus operaciones inmobiliarias en Santa Cruz durante la última dictadura militar, sus manejos irregulares en el negocio hotelero con Lázaro Baéz (se están efectuando intentos desesperados para salvar a los testaferros K, pisoteando jueces y fiscales), los groseros sobreprecios en obras públicas, la compra directa de tierras fiscales en El Calafate a precio vil para revenderlas a valores exorbitantes (una denuncia en la Justicia fue desestimada por la fiscal actuante, que no era otra que la sobrina de Néstor Kirchner) y los fondos de Santa Cruz desaparecidos durante la gestión K, de lo cual no hay noticia alguna.
Por algo Néstor Kirchner no se atrevió a lanzar un reto similar a sus adversarios, temiendo un retruque y el riesgo de ir por lana y volver esquilado. Además ¿por qué meterse en ese terreno si su continuidad a través de su esposa estaba garantizada y el patrimonio de la sociedad conyugal bien custodiado? Incluso como mandatario saliente y hasta su muerte siguió ejerciendo una ilegítima presidencia paralela.
Sería útil verificar si, como dijo Cristina en la Universidad de Harvard, su patrimonio personal responde a su condición de “exitosa abogada”, bastando con conocer su matrícula profesional, certificado analítico, honorarios regulados, domicilio de su bufete, aportes previsionales y obligaciones fiscales. Suena extraño que este desafío sobre la integridad y honestidad de los contendientes que aspiran a sucederla, no la haya llevado a actuar sobre sus propios funcionarios antes de sumarlos al elenco gobernante. La hilera de causas judiciales por corrupción –donde su propio vicepresidente tiene armada su agenda tribunalicia- dan cuenta de tal omisión.
