Silvio Méndez

Con una percepción ciertamente distorsionada de la realidad, hace pocos días, la Municipalidad de Paraná anunció que la Justicia había dado por finalizado un prolongado litigio que la obligaba a tomar medidas para el tratamiento de los residuos en la ciudad. Desde hace ya unos años, a partir de una sentencia del 27 de junio de 2007, el municipio estaba comprometido a eliminar las emanaciones de humos producto de la quema de desperdicios, erradicar los mini basurales e iniciar medidas paliativas hasta que se cierre definitivamente el Volcadero municipal.

Aquel mandato, tras una serie de idas y vueltas, fue ratificado a fines de 2013, con el pedido de medidas específicas. Ante el incumplimiento de las mismas, en marzo de 2014, surgió la aplicación de una multa a la comuna, por un monto que ascendía a unos 3.000 pesos diarios.

Ante esta situación, el municipio interpuso un recurso en el que pidió abrir una instancia de constatación de ciertas iniciativas para abordar la problemática y, de este modo, evitar las sanciones. Así, para la titular del juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, María Andrea Morales, dio en cierto modo probado la puesta en marcha de algunas propuestas, por lo cual el 5 de agosto resolvió que cesara las astreintes: la sanción económica que se aplica por la demora del cumplimiento de una orden judicial.

Pero resulta que detrás de esta hojarasca de anuncios del levantamiento de sanciones y reconocimiento de algunas acciones llevadas adelante para mitigar la falta, lejos se está de llevar a cabo un tratamiento integral de los residuos en la ciudad.

(Más información en la edición gráfica número 1008 de ANALISIS del jueves 28 de agosto de 2014)