Antonio Tardelli

El estado de salud de la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y la desgastada imagen pública del vicepresidente Amado Boudou, por estas horas a cargo del Poder Ejecutivo, dispararon una serie de consideraciones vinculadas con la legitimidad del poder político.

Es que, en el contexto de incertidumbre que rodea a una circunstancia tan particular como es la enfermedad de la jefa de Estado, el deterioro sufrido por la reputación del titular del Senado añade un elemento adicional de preocupación.

Acusado de enriquecimiento ilícito, seriamente comprometido en el Expediente Ciccone, desjerarquizado en la pirámide del poder real, Boudou presenta altos índices de impopularidad, según coinciden empresas encuestadoras. Su situación es presentada como suficientemente endeble como para conducir la administración durante un período que por lo demás aún es incierto.

Carece de legitimidad suficiente, alegan los analistas.

Según sostienen los académicos Xavier Arbós y Salvador Giner, para que un gobierno no exhiba un estado precario debe reunir dos condiciones: legitimidad y eficacia.

La posibilidad de las autoridades de ejercer su poder reuniendo estos dos atributos es lo que define, justamente, la gobernabilidad.

Arbós y Giner afirman que la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, lo que permite el ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.

(Más información en la edición gráfica número 994 de ANALISIS del 10 de octubre de 2013)