Daniel Enz
Casi todos ellos, los preferidos del poder, son millonarios. Durante décadas acordaron negocios fastuosos con Sergio Montiel, con Jorge Busti y ahora con Sergio Urribarri. Los más entendidos y que vivieron las épocas de furor del menemato y del uno a uno, no dudan en señalar que nada es comparable con lo que sucede ahora, en cuanto a la cartelización que existe entre las empresas constructoras de Entre Ríos, lo que no deja de ser preocupante. “Está institucionalizado un proceder: si no estás dentro de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos perdés por todos lados. Perdés con el gremio de la construcción, perdés con ATER -el organismo recaudador de la provincia- y también perdés con la AFIP”, dice un ingeniero de décadas en el tema. “Ellos deciden quiénes se presentan y quiénes ganan cada obra. No son más de 10 tipos en esta provincia, los que definen el tema. Obviamente, las obras más grandes serán para ellos”, agrega.
Viviendas, refacciones, escuelas y la ansiada obra vial en diferentes lugares de la provincia constituyen el preciado bocado con dineros públicos. Otros, hasta hicieron buenos acuerdos con la dictadura en Entre Ríos, aunque hoy nadie lo quiera recordar. O, en todo caso, en función de la “memoria” es mejor ni pensarlo, para que no aparezcan contradicciones ideológicas con la actual administración nacional o provincial.
Siempre se respetó un código: “hoy por mí, mañana por vos”. Y nadie saca los pies del plato. La vez que uno de ellos intentó hacerlo, en los comienzos del gobierno de Mario Moine (PJ), el propio gobernador fue hasta la justicia a radicar una denuncia que finalmente no prosperó y faltó poco para que se le rieran en la cara, pese a la gravedad de los hechos. Moine relevó a dos funcionarios de la Dirección Provincial de Arquitectura, por un supuesto pedido de coima a empresarios de la construcción de Paraná e inmediatamente los denunció ante la entonces jueza Susana Medida de Rizzo. Al mes siguiente fueron sobreseídos por el también juez Héctor Eduardo Toloy -ahora jubilado, después de tantos años de mirar para el costado en tiempos de gobiernos justicialistas-, al producirse la licencia anual de la magistrada, actual vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Si algún funcionario aparece algo quejoso con el tema o reclama cierta demora en el reconocimiento, de inmediato le puede llegar un sobre cerrado con una abultada suma de dinero o un grupo de albañiles a su domicilio -junto a su maestro mayor de obras y en nombre de determinada empresa-, para hacerle una nueva y costosa vivienda sin cargo alguno o bien refaccionar por completo ese lugar. Hoy por hoy, altos funcionarios de la administración urribarrista lucen fastuosas viviendas en la zona del Seminario de Paraná, realizadas en buena parte con máquinas del Estado, después de destruir la casa vieja que estaba allí y hasta su amplia pileta. Otra lujosa construcción puede tener una fachada sencilla en otra punta de la ciudad e incluso mostrar la misma imagen de siempre, pero adentro es lo más parecido a una mansión, con casi 100 metros de extensión, pileta calefaccionada y costoso quincho. Algo parecido había hecho hace un tiempo un actual funcionario, ligado a cuestiones legales y casi inventariado en el cargo desde hace más de 20 años –aunque con alguna intermitencia-, con su residencia con ingreso por dos calles de la zona del colegio Don Bosco y amplio patio, con una bella fuente en el medio, como si fuera la escenografía de una plazoleta.
(Más información en la edición gráfica número 994 de ANALISIS del 10 de octubre de 2013, en un Informe especial de cinco páginas)
