Por Luis Leissa (*)
Es cierto que en la comunidad de Gualeguaychú ha habido una población mayoritariamente preocupada por esta agresión al medio ambiente, para lo cual la tarea de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ha sido decisiva. Algo que ha ocurrido desde hace más de ocho años.
Esta reinstalación del tema demuestra que, a contrapelo de lo que señaló la Presidente Cristina Fernández, el conflicto no está terminado. Pese al intento de ocultarlo -de igual forma que se intentan ocultar la inseguridad o la inflación-, el problema renace y nos coloca otra vez en la disyuntiva de ver si reaccionamos espasmódicamente o decididamente ejercemos el derecho a un medio ambiente sano como garantiza la Constitución Nacional.
Es obvio que el Gobierno Nacional ha actuado erróneamente (por expresarlo de la manera más suave). Desde la famosa "causa nacional" referida por el ex Presidente Kirchner -más por oportunismo que por convicción- hasta la judicialización de los asambleístas provocada por la Presidente con su denuncia ante la Justicia Federal, vemos solamente espasmos. Nunca una política pública que basada en los deberes que imponen tanto la Constitución Nacional como la Provincial y sostenida en conjunto por los distintos estamentos del Estado, se comprometa con la suerte de un recurso como el agua, que es finito y apetecido por los países centrales.
No está de más recordar que las actividades e industrias contaminantes -en este caso no a través de una potencia sino de un pequeño país como Finlandia-, son despachadas desde el centro para que en los países subdesarrollados se erijan en base de su subsistencia económica.
Sin embargo, aun aceptando las dificultades que tiene un conflicto con un país tan vinculado como el Uruguay, el deber -tanto del poder público como nuestro en tanto ciudadanos- es el de reclamar contra el daño que una contaminación acumulativa e irrefutable, nos acarrea.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 26 de septiembre de 2013)
