Jorge Riani
Los ancianos, las madres solteras, los discapacitados siempre que sean pobres son los destinatarios del beneficio de una ley, cuyo nombre suena muy familiar precisamente en los sectores de mayor vulnerabilidad social: la 4035. “La cuarenta treinta y cinco”, así se la conoce.
La Ley 4035 constituye un fondo de asistencia social que se forma con el aporte patronal y el aporte personal de los empleados, obreros y demás personas que trabajan en relación de dependencia en los ámbitos público y privado, nacional, provincial y municipal. Es decir sobre todo el universo de trabajadores y empleadores, prácticamente.
De ese modo, el Estado provincial logra embolsar una astronómica suma de dinero que tendría que ser destinado a los sectores mencionados: tercera edad desprotegida, madres solas y sin trabajo, inválidos para el mundo laboral (ver recuadro “Qué dice la ley”).
Los fondos se nutren de lo que se retiene del sector público y lo que se obtiene también del sector privado. ¿Qué tanto dinero reciben las arcas provinciales, pero que deben destinarse a los beneficiados por ley? Desde 1999 a julio de este año 2012, la provincia ha recibido 222.714.810 pesos del sector privado. Más de 220 millones de pesos que no siempre ha sido direccionado para quienes son sus verdaderos dueños: los tres sectores empobrecidos ya mencionados.
Para que el Estado tenga con qué cumplir con esa pensión, se le retiene el 0,60 por ciento del sueldo a los empleados en relación de dependencia, mientras que el sector patronal aporta el 2 por ciento de sus ingresos.
A rentas generales
Una observación detallada sobre los números permite establecer que en el sector privado se obtuvo durante lo que va del año, en rigor desde el 1º de enero hasta el 31 de julio de 2012, la suma de 17.410.505 pesos, en concepto de retención para la Ley 4035, pero sólo se destino a los sectores vulnerables que deberían beneficiarse tan solo 3.125.000 pesos. ¿Qué pasa con los otros 14.285.505 pesos? Como el ejercicio corriente todavía no cerró quizás pueda destinarse a sus reales beneficiarios (los pobres desprotegidos) o bien que pase a rentas generales, es decir que el Gobierno lo use para asumir algunas de sus otras deudas o gastos.
A juzgar por lo que viene ocurriendo históricamente es posible que también durante este año el dinero lo termine embolsando el Gobierno. Así fue como en 2009, sólo en el ámbito privado (es decir, sin contar lo que se retiene de los empleados públicos) el Estado recaudó 72.066.330 pesos, pero sólo distribuyó 39.000.000, es decir que se quedó con 33.066.330 pesos que también debían destinarse a los sectores pobres que alude la ley.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 11 de octubre de 2012).
