Silvio Méndez
Un memorándum interno que denunció movimientos de tierra en torno a la línea de seguridad del Túnel Subfluvial sobre la orilla entrerriana en junio de 2009, sigue sin respuesta, a pesar del carácter de urgente con el que se calificó la necesidad de su tratamiento. Se trata de un informe técnico que observó el trabajo de maquinaria pesada, así como el trazado de parcelas, calles interiores, construcciones en ladrillos de cajas de energía eléctrica e instalación de luminaria sobre la traza del viaducto.
Lo que el informe citado registró, forma parte de las obras de construcción del controvertido country Amarras del Sol, que se levanta en los terrenos que fueran la playa Los Arenales, en la costa norte de la ciudad.
La instalación de este barrio privado está envuelta en un largo y complejo litigio judicial sobre su dominio, si bien las advertencias realizadas en este documento refieren estrictamente a la violación de las normas de seguridad que preservan el complejo vial. Para dimensionar el problema planteado, se tiene que tener en cuenta que el documento repara sobre los inusuales trabajos que se realizaron sobre la franja donde se halla el ducto subterráneo, es decir, sobre una línea imaginaria que superficialmente une las bocas de ingreso al corredor y que va de orilla a orilla, atravesando el río Paraná. En torno a esa línea, el Consejo Interministerial del Túnel estableció en la resolución Nº 08/03 una “zona de seguridad física” de 100 metros a cada lado del viaducto, cuyos primeros 50 metros a ambos lados son de “restricción absoluta”. Justamente sobre esta línea de seguridad, que abarca la costa del que fuera un popular balneario hasta entrados los 90, el empresario Sergio Lifschitz construye un barrio privado, que en los últimos tiempos alcanzó cierta fama por un controvertido murallón que edificó para separar el lote de un humilde barrio de pescadores. En fin, el country fluvial se levanta en un predio sobre el cual la Justicia aún debe resolver su potestad, ya que existe una demanda por la cual se reclama se reconozca ese lugar como bien público.
Trastienda
Esta polémica, en rigor, se encuentra en relación con la urgencia planteada por los profesionales del Ente Interprovincial, ya que sobre la franja de seguridad en la orilla entrerriana es que se han trazado calles internas de material, así como se plantaron columnas para luminarias y canteros ornamentales que pertenecen al mencionado emprendimiento inmobiliario.
(Más información en la edición 970 de la revista ANALISIS)
