Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANÁLISIS)

La segunda semana de junio desató los primeros fríos de la temporada, sobre los ánimos recalentados de obreros y productores que decidieron salir con sus reclamos a la calle.

La inflación, ocultada por años, hoy tensa las relaciones y por eso inquieta a los gobernantes. Se nota bien en la provincia, porque el Estado ávido de fondos frescos resolvió una brusca embestida contra las pymes del campo a través del aumento del impuesto inmobiliario, en algunos casos hasta el 500 por ciento en un año, y como consecuencia directa alentó los piquetes en las rutas.

La coincidencia con las manifestaciones de descontento de sectores obreros reunidos en la CTA, la CCC y otras agrupaciones, y con la seguidilla de acciones desarrolladas por agrupaciones ambientales molestas por las políticas económicas extractivitas, pone en alerta a los gobernantes.

Sin embargo, y más allá de los rumores, los gobiernos nacional y provincial se sostienen sin fisuras en sus cuerpos legislativos, de manera que las organizaciones gremiales obreras y campesinas no ven el camino allanado ni mucho menos.

En la provincia, la acumulación de media docena de reclamos sectoriales esta semana insinuó una foto que el gobernador Sergio Urribarri prefiere evitarse porque trae malos presagios. Y es que la coincidencia en la fecha puede derivar, en un futuro, en otras confluencias impulsadas por un mal común a todos: la inflación.

Razones del campo

Centenares de productores rurales decidieron salir a las rutas para cuestionar la concentración de las propiedades y de la explotación en el campo, reclamar rentabilidad en diversos rubros deprimidos y pedir una promoción del arraigo y la diversidad productiva.

Son viejos reclamos remozados, pero con un impulso inmediato que es el repudio al destemplado aumento de la presión impositiva.

Algunos productores medianos se sienten empujados a vender sus parcelas al capital financiero. ¿Será para tanto?

Entre ciertos márgenes, principalmente de media a una unidad productiva (entre 80 y 300 hectáreas), el aumento de los avalúos y del impuesto inmobiliario y, como consecuencia, la futura imposición sobre el capital, quita rentabilidad a algunas explotaciones y obliga a vender por la fuerza del desgaste, el cansancio y los riesgos de la tarea rural.

Ahora, ¿quiénes pueden comprar? Los terratenientes, los pooles, los profesionales, los industriales, los banqueros, los acreedores, es decir, muchos sectores con excepción de obreros y campesinos.

Si es un problema para el país, qué decir de una provincia sostenida sobre los producción primaria como es Entre Ríos, la más expulsora de habitantes del país, junto a Santa Fe.

La baja o nula rentabilidad de la producción de leche, carnes, frutas o granos en un campo de 100 hectáreas impide al productor comprar una sola hectárea de campo, y peor aún: le dificulta conservar la parcela que posee con fines productivos.

Con este panorama, y con los proyectos de ley presentados en el Congreso para facilitar el arraigo y desalentar la concentración de la propiedad durmiendo el sueño de los justos, algunos productores suponen que lo que se busca es eso, su expulsión lisa y llana.

Ahí se comprende la expresión del presidente de la Federación Agraria Argentina –FAA-, Eduardo Buzzi, que denunció al modelo por generar un proceso de “exterminio y aniquilación” de las pymes del campo, a favor de los grupos concentrados.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS)