Daniel Enz
“Hay un flagelo que atenta contra la vida, la seguridad y principalmente a los jóvenes: el narcotráfico que desgraciadamente inunda muchos lugares vulnerables de nuestra Entre Ríos. Tolerancia cero, nuestros organismos de seguridad, de Justicia y los actores sociales tenemos que comprometernos, es decir dar todo, para combatirlo”. La frase de Sergio Urribarri sonó fuerte en el recinto. El gobernador nunca había hablado de esa manera sobre el avance de la droga en la sociedad entrerriana. Ni siquiera cuando fue ministro de Gobierno de Jorge Busti, entre 2003 y 2007; es decir, cuando era el jefe político directo de la Policía de Entre Ríos. La frase la dijo con firmeza y convicción, pero le faltó reconocer el fracaso de las políticas instrumentadas o no instrumentadas, mejor dicho, por el Estado provincial o nacional para combatir el flagelo.
En estos años, el gobierno entrerriano solo hizo tareas de índole administrativa, a través de su Secretaria de lucha contra las Adicciones, participando en congresos y a través de campañas que se publicaron como “exitosas” en coordinación con áreas de educación. Pero cuando uno trata de profundizar la temática en las escuelas se puede corroborar que esta supuesta exitosa y punitiva campaña no pasa de ser una tibia y mal conformada experiencia, que solo se diluye en teorías e intencionalidades. Las cifras que se pretenden lucir como un combate denodado se deslucen cuando se comprueba en las barriadas más pobres, no solo de la ciudad de Paraná, sino en las poblaciones más populosas del interior -sin contar las de menor cantidad de habitantes, que parecieran no existir- , la ausencia total de políticas efectivas contra el consumo de estupefacientes y drogas prohibidas, por parte del Estado Provincial.
Sucede que, a simple vista, la solución no pasa por esfuerzos aislados y espasmódicos sino por una tarea en conjunto que no se ve, al menos en los resultados, alejados de los rimbombantes dichos propagandísticos. No existen siquiera políticas coordinadas con los municipios provinciales en esta problemática, las ciudades están solas y a la deriva, expuestas a la inacción en el peor de los casos y, en el mejor de ellos, a esfuerzos que solo tienen carácter local, cuando la problemáticas excede con creces esta circunstancia. La realidad es una y preocupante: no existen estrategias al respecto y sólo declamaciones políticas. Y así no alcanza; la lucha la sigue ganando el narcotráfico.
Marchas y contramarchas
Vale recordar que la Provincia, en un primer momento, adhirió a la desfederalizacion del delito de narcotráfico, para que de esta manera, la Justicia ordinaria provincial, más dinámica y eficiente en términos prácticos, pudiera resolver en conjunto con otros organismos de Entre Ríos la investigación de los hechos y su represión penal. Todo esto, a través de las fuerzas policiales de la propia provincia, que por su estructura, número y presencia en el territorio entrerriano, como así también por el conocimiento del terreno y modalidades delictivas, estaban en condiciones de ser quienes naturalmente llevaran adelante este combate. Pero a poco de adherir, y mediante un decreto del entonces gobernador Jorge Busti, se suspendió la adhesión hasta que la provincia estuviera “en condiciones” de asumir esta postura de lucha contra el narcotráfico, básicamente por carecer de infraestructura y medios (tal como consta en la Ley 9.783, publicado en el Boletín Oficial el 22/08/07 y el decreto número 4387del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, del Boletín Oficial del 16/08/07). Busti era el gobernador, Sergio Urribarri el ministro. Y la situación nunca se modificó.
En la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos hubo demasiados avances y retrocesos en los últimos tiempos. Se amplió la dotación, se dispusieron “delegaciones” en determinadas ciudades (como Concordia o Gualeguaychú), donde se considera que la droga viene avanzando a paso agigantado, pero con ello no alcanza. Los más conocedores indican que desde hace 19 años la dotación automotor de Toxicología de la Provincia de Entre Rios casi no se renueva. Solamente se incorporaron dos o tres unidades, que incluso fueron otorgadas por la Justicia Federal. Incluso, los utilitarios más modernos, en su mayoria, fueron adquiridas por una colaboración pecuniaria de la propia DEA norteamericana: dos trafics y dos motocicletas que datan de finales de los ´80. En resumen, el Estado provincial, jamás aportó un vehículo para la Dirección Toxicología en perfectas condiciones. Salvo algún rezago que nadie usaba ya en la fuerza y que solo sirve de parche momentáneo para cubrir los mínimos procedimientos, ya que a poco de andar se descomponen por lo vetusto de sus materiales y el uso. De todos los vehículos adquiridos y dispuestos para la Policía de Entre Ríos, de todos los utilitarios, camionetas, motocicletas, cuadriciclos, scooters, ninguno fue para la unidad de lucha contra el narcotráfico especializada. Existe una sola excepción: un Renault Symbol último modelo, que fuera adquirido para el director de Toxicología. Pero que en nada aporta a la operatividad.
Mientras tanto, en la División Verificación Automotor de la Policía de Entre Ríos (ex Prever, de calle Zanni al final, en Paraná) tiene allí secuestrados no menos de 200 vehículos por diferentes anomalías, que la justicia entrerriana bien podría disponer que se deriven a reparticiones estatales que lo necesitan y no lo hacen. Toxicología podría ser una de ellas, pero esa situación no ocurre. Los vehículos (la mayoría de ellos en perfecto estado) continúan abarrotados en toda una manzana y el tiempo sigue pasando.
Resulta lamentable saber que muchas veces, el propio personal debe aportar sus propios vehículos particulares a la lucha contra el narcotráfico o bien sus cámaras de video para realizar las investigaciones. Esto último lo reveló recientemente el presidente del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, cuando dijo que le provocaba vergüenza saber que no se podía avanzar en “estados de sospecha” sobre los narcotraficantes porque las cámaras no funcionaban como se esperaba. El magistrado –sin dudas una de las personas que más sabe y ha estudiado el tema en Entre Ríos- hace ya un buen tiempo critica con dureza la falta de políticas y de presupuesto de parte del Estado nacional y provincial para avanzar en serio contra el narcotráfico. Pero está visto que nadie lo escucha o, mejor dicho, no lo quieren oir.
Es más: quienes conducen Toxicología de la Policía de Entre Ríos no están en condiciones de exhibir certificados de participación en cursos de capacitación de lucha contra el narcotráfico en los últimos años. Sus conocimientos teóricos son nulos, al igual que la experiencia práctica, ya que jamás estuvieron en una unidad operativa de investigación de este tipo de delitos específicos, lo que constituye un requerimiento básico para estar al frente de una unidad de elite.
Está claro que si no existe presupuesto, policías bien pagos y capacitados, los negociantes de la droga ganan la pulseada, porque las tentaciones son demasiado grandes y todo aquél que esté en un lugar específico como éste debe contar con determinadas virtudes que incluso los diferencien de otros uniformados, precisamente por el juego permanente del dinero y el poder. Y hay algunas preguntas que no se hacen en estos tiempos: ¿no resulta demasiado extraño que uno de los “jefes” de la cocina de cocaína de la zona del Acceso Norte siga aún prófugo de la justicia, pese al tiempo transcurrido? ¿Tendrá alguna cobertura policial-judicial?
No fue casual que el año pasado Asuntos Internos de la Policía tuviera que iniciar una investigación por corrupción a gran escala del mismísimo responsable del área de inteligencia de la Dirección de Toxicología, quien actualmente se encuentra cumpliendo servicios en la localidad de Rosario del Tala y se ufana de sus contactos políticos con el oficialismo de turno. De ahí a que por “presiones oficiales” o “compromisos contraídos” pueda ser “reconocido” en su cargo, trasladado nuevamente a Paraná y repuesto en un lugar de importancia, no hay mucha distancia. Si eso pasa, habrá que tener en claro que la anunciada “lucha contra el narcotráfico” no es tal y constituye sólo una frase que llega bien a la ciudadanía, que no sabe cómo contener el flagelo, porque lo tiene en la puerta de su casa.
Cifras preocupantes
Mientras tanto, las cifras del narcotráfico siguen creciendo en esta provincia. La droga avanza y avanza. Entre Ríos pasó de ser un territorio de consumo ocasional de marihuana a productor de cocaína. Las cocinas de los últimos procedimientos, primero en Concordia, luego en Paraná, lo atestiguan. En esta parte del país se secuestraron pastillas de éxtasis en Concepción del Uruguay; en los cielos del sur entrerriano es casi habitual que caigan desde las avionetas bolsas con cannabis sativa; las pistas clandestinas con descensos nocturnos son cada vez más y aunque nadie los ve, es sorprendente como supuestos inversores colombianos están desembarcando en la provincia, en determinadas zonas, con movimientos de dinero importante que no se sabe de dónde proviene. No hay dudas de que tienen relación con el narcotráfico, pero muchos -quizás demasiados-, miran para otro lado y prefieren ser “amigos o socios”. Pasa en el sur de la provincia, sucede en Concordia o en Nogoyá.
En Paraná, hay barrios donde se negocia un promedio de 300 mil pesos por semana, solamente en la venta de marihuana, donde aparecen siempre los mismos personajes y algunos de ellos hasta no dudan en mostrarse con algunos referentes de la clase política y hasta sacarse fotos para el facebook. Hay jefes zonales y punteros barriales, con un desconocido número de casas en alquiler, que van variando cada tanto, para ir ubicando la droga que llega y no permitir el avance de las investigaciones que se ordenan, que se ven frustradas al ir cambiando los lugares. Lo mismo pasa con los cientos de chips telefónicos que disponen cada una de las bandas.
Antes se hablaba únicamente de Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Pero el mapa se amplió. Ahora también se debe hablar de Crespo, Viale, Nogoyá, Victoria, Villaguay, Gualeguay, Bovril, Santa Elena o La Paz. Y ese es un dato concreto y contundente de cómo creció el flagelo.
Las estadísticas indican que anualmente, Toxicología de la provincia secuestra el diez por ciento de la droga que transita, en especial marihuana, aunque la cocaína va camino a equipararse. El kilogramo de marihuana sale cerca de 2000 pesos. Si uno saca el cálculo, puede determinar cuánto dinero existe en juego en la provincia, en este negocio que cada vez tiene más adeptos. Pero en el Estado provincial y el nacional, nadie lo ve. O, mejor dicho, nadie quiere verlo, porque quizás puedan aparecer sorpresas con algunos “conocidos” que participan del negocio, presiones políticas y dolores de cabeza. El tema es que, cuando se reaccione en serio, quizás ya será muy tarde.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana, en un completo informe sobre el avance del narcotráfico en Entre Ríos y la falta de políticas oficiales)
