El expediente 1157956 fue llevado a la Imprenta Oficial (tal como exige la ley) a los efectos de consultar la posibilidad de realizar tal trabajo, pero ante la respuesta negativa del organismo oficial se resolvió llevar el pedido –casi como sucede con curiosa habitualidad- a una imprenta privada de “intensa” actividad durante esta gestión de gobierno, propiedad de un pariente cercano del gobernador de la provincia.
Luego, proveniente del área de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud a cargo de Sandra Miguez, el director de Información Pública de la provincia recibió el expediente para que expresara su conformidad respecto al diseño del material propuesto. Fue así que el funcionario dio su conformidad al afiche y al certificado sin detectar el horror de error que, parece mentira, nadie vio y que generaría luego serias complicaciones a la continuidad del trámite.
Todo siguió su curso irregular hasta que la contadora Ana G. Diez, directora del Contable del Ministerio de Salud, advirtió que no era viable tramitar el gasto con fondos del Programa Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), ya que no se contaba con ellos. Sin embargo, exigió por otro lado que se adjuntaran los presupuestos correspondientes -tal como lo establece la Ley 5.140- inexistentes en el expediente hasta ese momento.
A foja siguiente y pese a la advertencia del organismo contable del ministerio, el titular de Programas Especiales, Dr. Guillermo Salzmann, insistió en que se utilizaran fondos del FESP para lo solicitado.
La irregularidad del trámite finalmente terminó chocando con el área de Control del Gasto, que en su intervención consultó si la erogación ya había sido realizada o si -en caso contrario- se había efectuado la estimación del gasto correspondiente, lo cual supone toda una obviedad en un trámite de correcto cauce.
Un médico en aprietos
Claro está, ante semejante respuesta Control del Gasto aconsejó mandar el expediente a archivo. Pese a todo y con diligencias sin cumplimentar el Ministerio de Salud solicitó, no obstante, se efectuara el pago, y en forma urgente.
De aquí se desprendería que en realidad el material había sido realizado mucho tiempo atrás con una contratación directa y que ante el reclamo de quien concretó el trabajo (con la influencia que implica) y la objeción técnica, hubo entonces que “aceitar” un trámite que permitiera subsanar todos los baches del camino.
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