Silvio Méndez
Gran controversia ha suscitado la instalación de un sistema de vigilancia electrónica en los pasillos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La polémica estalló hace dos semanas tras conocerse la noticia en un foro virtual en el que participan estudiantes y docentes de la casa de altos estudios. Tras conocerse la medida y poner en alerta a la comunidad académica, se alzaron críticas respecto a lo inconsulta de la propuesta, así como las consecuencias sobre las prácticas y privacidad en espacios públicos que tendría el funcionamiento de un control a través de cámaras de videos. Luego del impacto que tuvo la iniciativa al hacerse conocida por los medios de comunicación, la decana de la institución, Sandra Arito, frenó la puesta en marcha del dispositivo, que se encuentra colocado por una empresa privada por la suma de 10.000 pesos.
En la jornada de hoy esta previsto que el Consejo Directivo (CD) –órgano de cogobierno de la Facultad–, trate el tema en una sesión ampliada. Si bien Arito defendió su determinación como un modo de resguardo ante una serie de robos y arrebatos cometidos en la sede académica, la discusión sobre los hechos consumados ha sido duramente cuestionada, y cuenta con el rechazo de un grupo de docentes, la conducción del Centro de Estudiantes y la declaración contraria de todas las agrupaciones estudiantiles.
Entre los argumentos para sostener la disposición, también se hizo referencia al insólito robo del bolso con herramientas del técnico de la firma de seguridad privada Phoenix, al momento que atornillaba los aparatos en la pared.
Si bien se espera que la instalación de las cámaras de vigilancia sea el punto excluyente de la agenda del CD, no se descartan que surjan otras discusiones anexas, como la que se levantó en torno a la acusación pública de haber cometido un delito que sufrió un estudiante de Trabajo Social y la postura institucional ante la intervención de un profesor que deslizó bajar a garrotazos las cámaras de video.
La agitación, se prevé, continuará un tiempo más, ya que según reconocen dirigentes estudiantiles, la polémica también se coló en las elecciones a centro de estudiante y de consejeros directivos que se llevarán adelante en noviembre.
Asimismo, la controversia también desnudó una serie de situaciones que no son nuevas: la falta de capacidad operativa de la Policía Federal para el resguardo e investigación de delitos menores que se comenten en jurisdicción nacional y los modos de defensa que ensayan desde las unidades académicas.
En este orden, se reconoce que la fuerza de seguridad federal no cuenta con personal para custodiar las sedes de la UNER, así como tampoco hay consenso para que pudiera hacerlo.
Ante este escenario, las posiciones en torno a las medidas de seguridad que se pueden adoptar no son unánimes. Por un lado, en la Facultad de Ciencias Económicas, desde mediados de 2009, funciona un sistema de vigilancia que cuenta con ocho cámaras en distintos puntos. La aprobación de la decisión tomada por el decano fue unánime en el Consejo Directivo de esta unidad académica. Es más, la compra del dispositivo que demandó 7.000 pesos, fue realizada por la cooperadora de la Facultad –a la que aportan docentes y estudiantes–, ya que es la que puede destinar los fondos para este tipo de gastos. Un consejero graduado que apoyo la instalación de las cámaras de vigilancia en Económicas rememoró que la resolución de tomó luego del robo de un monitor, una computadora y un caño proyector de video, y tras evaluar que la Policía Federal no contaba con agentes para montar guardia, ya que las sedes de las universidades nacionales son de su incumbencia jurisdiccional.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
