Antonio Tardelli
La competencia electoral, al igual que por ejemplo una disputa futbolística, encierra razonables dosis de lógica. Así como un equipo más débil puede vencer a uno más fuerte pero seguramente caerá derrotado frente a él en nueve de cada diez enfrentamientos, es acotado el componente aleatorio de los comicios. Un político, por caso la Presidenta de la Nación, puede recoger más voluntades de las por todos previstas; otros políticos, por ejemplo los opositores, pueden protagonizar elecciones más pobres que las pronosticadas. Pero los márgenes hacia arriba y hacia abajo no destruyen cierta racionalidad. En Federal, en cambio, ocurrió algo definitivamente imprevisto y sólo posible por la combinación de un sistema deplorable y una práctica retorcida.
El radicalismo de Federal, que supo sortear las sucesivas debacles partidarias, es controlado desde hace años por un sector que orienta el senador nacional Arturo Vera. La Renovadora, tal como se conoce a su grupo interno, mantuvo un predominio que en el actual proceso quedó ratificado en la inmensa mayoría de los cargos puestos en juego: colocó el candidato a diputado, el candidato a senador y los candidatos a jefes municipales y presidentes de juntas de Gobierno de todo el departamento. Casi nadie osó desafiar su fuerte hegemonía. El único que lo intentó, Felipe Torres, un ex funcionario que se apartó del verismo y decidió disputarle la candidatura a intendente al titular del Concejo Deliberante, Jorge Raffaelli, obtuvo un éxito resonante. El contexto convierte su desempeño electoral en un verdadero milagro. Pero los milagros acaecen en la religión y no en la política.
Los renovadores de Vera explican el traspié protestando por la injerencia del justicialismo en los asuntos radicales. El procedimiento que denuncian, en verdad, no constituye una violación a las normas escritas. La Ley Castrillón, así bautizada en homenaje a su mentor, un ex senador peronista que hoy descolla en el Superior Tribunal de Justicia, permite que simpatizantes y afiliados de un partido puedan participar en las internas de otro. Narran los veristas: el candidato a Presidente Ricardo Alfonsín obtuvo en Federal unos 3.500 votos. De ese universo, que expresa al radical convencido y a los independientes que optaron por el postulante de la Unión para el Desarrollo Social (Udeso), el titular del Concejo Deliberante cosechó unos 2.400 sufragios. Torres, el contrincante, apenas unos 1.000, lo que define claramente las preferencias del electorado más afín al ideario partidario. Pues bien: al cierre del escrutinio Torres había sumado algo más de 4.000 votos, lo que habla de un asombroso predicamento entre los no alfonsinistas. Dicho de otro modo: recogió unas 3.000l voluntades –un alto porcentaje del total– de entre quienes optaron por la Presidenta Cristina Kirchner y por el gobernador Sergio Urribarri. Su desempeño podría ser considerado un verdadero fenómeno de penetración transversal si no fuera porque unos cuantos indicios explican de otra manera lo sucedido. Los movimientos de los punteros durante la jornada electoral, la presunción de que un pedazo de boleta radical iba colado adentro de la sábana oficialista y la falta de retazos en los cuartos oscuros habilitan a presumir la existencia de una maniobra orquestada.
Planteado el tema en la Cámara de Diputados por el legislador radical Oscar Cardoso, y amplificado luego por las declaraciones del senador Vera, el Poder Ejecutivo se desligó prontamente del entrevero. El acuerdo en su momento alcanzado por los tres justicialistas que aspiraban a la Intendencia de Federal, elemento que para los radicales es otra prueba de la operación ya por entonces en marcha, fue explicado como un episodio corriente de la vida interna del PJ. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, sindicado como operador de la maniobra, alegó desconocer a los radicales supuestamente cómplices de la injerencia y acotó que en última instancia ni él ni el gobernador Urribarri podían ser señalados como partícipes de algo que, además, según subrayó, expresaría un improbable poder de persuasión sobre la voluntad de los federalenses. En cualquier caso evaluar intenciones es estéril. Pero los resultados de la elección lucen como los frutos de un accionar premeditado.
De todos modos, al margen del Caso Federal y de la reprobación que merecen los dispositivos anómalos, asoma un hecho objetivo: el régimen electoral vigente en Entre Ríos abre las puertas a la trampa. Las especulaciones previas encontraron su confirmación en el Caso Federal. La sola controversia ya dictamina acerca de la inconveniencia del sistema. Por lo demás, en Nogoyá y en Santa Elena se especuló con situaciones similares pero inversas: no peronistas interviniendo en las elecciones del partido gobernante. El régimen habilita entonces toda clase de procedimientos reñidos con la supremacía, supuestamente inviolable, de la voluntad popular. El domingo 14 dejó un mensaje (al menos en Federal): los deseos del pueblo son pasibles de ser vulnerados por prácticas tramposas. Crece entonces el interrogante: ¿qué espera la dirigencia política de Entre Ríos para acabar con un sistema tan nocivo?
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
