D. E.
Lo que empezó ayer es histórico. Más allá del hecho en sí, el robo de bebés en Paraná, hubo que esperar 27 años para que, en democracia, represores y cómplices civiles y militares se sentaran en el banquillo de los acusados ante un tribunal judicial y después de una larga investigación. Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Pascual Oscar Guerrieri, Walter Salvador Dionisio Pagano y Juan Antonio Zaccaría estarán allí, cara a cara con los jueces, fiscales y querellantes, pero también con familiares y víctimas del horror que asoló esta provincia, comandada en buena parte por un personaje nefasto como el general Juan Carlos Ricardo Trimarco, quien quedó fuera de las causas por su estado físico y mental. Aquél general de la Nación, dueño de la vida y la muerte en Entre Ríos durante la última dictadura, no está en esa silla que debía ocupar, para responder lo que ordenó y lo que sabía en torno al Hospital Militar de Paraná -que dependía de su mando- o las circunstancias específicas del caso de Sabrina Gullino -quien recuperó su identidad en 2008-, una de los mellizos nacidos cuando Raquel Negro se encontraba privada de su libertad en el nosocomio castrense. Trimarco conocía muy bien a Raquel Negro, como así también a su esposo, Edgard Tucho Valenzuela, considerado un hombre clave en la estructura de Montoneros en toda esta región. Sabía perfectamente lo que hacía y por qué lo hacía, cumpliendo estrictas órdenes del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario, el general Leopoldo Fortunato Galtieri.
Raquel Negro fue detenida el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata, junto a Sebastián Álvarez, su hijo, y Edgar Tulio Tucho Valenzuela, su pareja. En el momento en que la capturaron estaba embarazada de siete meses. La trasladaron al centro clandestino de detención que funcionaba en la localidad de Funes, cercana a Rosario, conocido como “Quinta de Funes”.
Decenas de personas pasaron por sus celdas e instalaciones. Allí se cocinaba el proyecto político de Galtieri de generar un partido propio con cuadros quebrados de Montoneros por medio de la tortura sistemática. Todo funcionó hasta el 13 de enero de 1978 cuando se escapó en México Tulio Valenzuela. A partir de ese momento, una treintena de personas fueron fusiladas, sus cuerpos envueltos y posiblemente llevados hasta las aguas de la Bahía de Samborombón, en la provincia de Buenos Aires.
Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano –según reza el Requerimiento Fiscal de Elevación de la Causa a Juicio- dispusieron el traslado de Raquel Negro al Hospital de Evacuación 121 de Paraná, llamado Hospital Militar, donde fue alojada alternativamente en la guardia de prevención y en la sala de internación conocida como Sala I. En ese lugar permaneció aislada y con estricta vigilancia militar. Allí, Raquel dio a luz mellizos: un niño y una niña, a quienes las enfermeras llamaron Soledad y Facundo. Algunos médicos civiles que cumplían funciones en ese servicio advirtieron la presencia indebida de los bebés en la sala de Terapia Intensiva de adultos (de donde Zaccaría era jefe), por lo que se dispuso su traslado inmediato al Instituto Privado de Pediatría de Paraná. La niña ingresó el 4 de marzo de 1978 como “López, Soledad”, y el varón seis días después como “López, NN”, recibiendo atención médica neonatológica, ya que había nacido con problemas respiratorios. Ambos obtuvieron el alta el 27 de marzo del mismo año. La niña fue abandonada ese mismo día en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, siendo ingresada a allí como “N.N. María Andrea”, y posteriormente dada en adopción -cumplimentados los requisitos y procedimientos correspondientes- al matrimonio integrado por Raúl Gullino y Alicia Scola, quienes la llamaron Sabrina. Esta última recuperó su identidad a fines de 2008, y desde entonces busca a su hermano mellizo.
Camino sinuoso
Habrá que ver si en el juicio se pueden determinar algunos puntos oscuros que quedaron en la tramitación de la etapa investigativa, como consecuencia, especialmente, de las innumerables trabas que tuvo el trabajo llevado en todos estos últimos años a cabo por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candiotti, a partir del empuje de los abogados iniciales de la causa, como los casos de Marina Barbagelata (ahora jueza de Instrucción de Paraná) y Marcelo Baridón, amigo personal del fallecido Guillermo Germano (ex titular del Registro Único de la Verdad), con el aporte de la estructura de Hijos Paraná y varios de los viejos militantes que vienen batallando por verdad y justicia contra viento y marea y demasiados sinsabores, hace más de 30 años.
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