C.R.

Calmadas las aguas electorales, el oficialismo apuesta a conseguir un categórico triunfo el 23 de octubre para encaminarse hacia reglamentar los institutos constitucionales que fueron modificados con la reforma de la Carta Magna en 2008. Y en especial está en la mira de las modificaciones el Tribunal de Cuentas, donde todos los gobiernos históricamente han depositado sus intereses y atenciones.

Con el número 1.706, el expediente relativo a la reglamentación del Tribunal de Cuentas se encuentra en el Senado provincial desde noviembre de 2009. En la Cámara de Diputados recibió media sanción, pero al llegar a la Cámara Alta, recaló en las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el senador Aldo Ballestena, y Legislación General, que conduce César Melchiori.

Una vez que se reglamente, la integración del Tribunal de Cuentas deberá sumar dos nuevos vocales con mandato político: uno por la mayoría con representación legislativa y otro por la minoría. Hasta el momento la integración del máximo cuerpo del organismo de control administrativo era de tres vocales, con un presidente al que se le requiere el título de abogado y los restantes con el de contador público nacional.

Esos lugares son ocupados por Hugo Molina, José Alberto Miranda y –desde que fue despedido Rubén Morel por investigar las irregularidades de la Legislatura en plena era menemista, so pretexto de haberse ido un fin de semana de viaje a Mar de Ajó cuando estaba de turno– José Luis Gea Sánchez.

El bochornoso proceso de despido de Morel resulta oportuno para mencionar que la corporación política de entonces aprovechó a quitarle atribuciones al Tribunal de Cuentas que nunca más recuperó.

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