Antonio Tardelli
El gobierno, así, se asociará a un consorcio de ganaderos. Mantendrá la mayoría accionaria de la futura compañía (85 por ciento) e incursionará –como en la década de los ochenta, con la estatización del Santa Elena– en una actividad cuyos patrones de comportamiento están variando. El propio gigante brasileño JBS se apresta a invertir su ecuación argentina y a pensarse más en términos de mercado interno que de exportación, aspecto que todos modos no descuidará en virtud del negocio que supone la Cuota Hilton. La operación comporta para el Estado la erogación de 20 millones, aportados por el Estado nacional, y la toma de un crédito por otros 70 millones con el Banco Nación, préstamo garantizado por los fondos de la coparticipación.
La inclusión en la ley de mecanismos de control no despeja las preocupaciones expresadas durante el debate legislativo, ocasión en la que se trajo a colación el antecedente de Cotapa, la empresa lechera de Paraná también absorbida por el gobierno. Esgrimiendo el caso, se aludió a una supuesta ineficacia del Poder Ejecutivo para gestionar firmas como si fuera un particular. El Ministerio de la Producción podrá fiscalizar la nueva sociedad en todos sus aspectos y se anuncian también controles externos a cargo del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Pero nada parece suficiente para evitar los resquemores.
Así, el gobierno se introduce en un negocio que en los últimos años asistió a la pérdida de millones de cabeza de ganado y de miles de puestos de trabajo. La iniciativa, de todos modos, no debería ser censurada desde los prejuicios ideológicos a los que, curiosamente, apelaron muchos de los actuales impulsores de la medida y sus sucesores partidarios hacia finales de los noventa cuando el gobierno aliancista de Sergio Montiel avanzó –desordenadamente y sin plan– en otras tantas incursiones comerciales. Entonces no eran los detalles finos lo que se impugnaba sino la concepción intervencionista. Ahora, con otro clima de época, se venera lo que antes de plano se censuraba. Las dudas, pues, están orientadas hacia la eficiencia de un Estado no siempre aplicado con sus números y a los inconvenientes que podrían emerger cuando las finanzas públicas no presenten el actual cuadro de desahogo.
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