Silvio Méndez
Como bien han sabido describir quienes conocen al dedillo el pensamiento y modo de actuar del cuerpo de magistrados, la Justicia difícilmente se expide sobre temas controversiales frente a un escenario político electoral. En los códigos del sistema judicial muchas veces opera un cierto sentido de “no hacer olas” hasta tanto no se hayan definido las autoridades ejecutivas en un momento a pocos meses de un cambio de gestión, y aún a costas de postergar profundas problemáticas de interés público. Es así que en un caso de estas características podría encuadrarse el tratamiento integral de los residuos de la ciudad de Paraná, una tarea largamente pospuesta y que se encuentra en una situación de falta casi crítica.
En una resolución que se conoció recientemente, el 14 del corriente, la jueza en lo Civil y Comercial Nº 8, Andrea Morales, otorgó a la comuna un plazo de 120 días hábiles judiciales para informar cómo ejecutará un plan de gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad. Además, en la misma decisión judicial, se le dieron 60 días para presentar un nuevo informe de cómo se encuentra el estado de la cuestión.
El caso que se hace referencia, en rigor, remonta a disposiciones que obligan al cumplimiento de una serie de medidas por parte del municipio para con los residuos urbanos, que datan de fines de 2009. Es decir, tras todo este tiempo transcurrido, más el nuevo término impuesto por Morales, habrán pasado casi dos años de la orden originaria. Y si se calcula sea aproximadamente en noviembre de 2011, habría entonces nuevas autoridades comunales electas. Si son nuevas, bien podrían pensarse que serán ellas las que se tendrán que encargar del problema. Si son parte de la continuidad de la actual gestión, tendrán un aire para replantear qué hacer mientras tanto.
En los estrados
Haciendo un repaso del caso, y para tomar dimensión de las condiciones en que se dan estas determinaciones, habrá de recordar que se llega hasta aquí luego de concretarse una audiencia informativa realizada el 4 de mayo pasado. En esta oportunidad, ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, comparecieron autoridades municipales a instancias del Foro Ecologista Paraná y con relación al caso puntual de la detección de humo por quema de basura en el Volcadero ocurrida en abril último. Morales citó a los funcionarios tomando como antecedente inmediato la intervención de la Justicia respecto a la situación del depósito de residuos a cielo abierto, y que remite a una obligación que pesa sobre la Municipalidad en base a una sentencia de ejecución de la misma jueza, en la que se prescribe al municipio a ejecutar una serie de medidas hasta tanto se efectúe el saneamiento definitivo del vertedero público. Todas estas medidas se tomaron sobre la decisión de fondo que se desprende tras un amparo interpuesto por el Foro Ecologista Paraná y una posterior audiencia de conciliación de octubre del 2009. Este acuerdo, precisamente, surge luego de que la comuna no acatara un fallo del Superior Tribunal de Justicia (de julio de 2007) para la erradicación de los focos ígneos provenientes de la basura y los mini-basurales.
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