Silvio Méndez
Se presenta como un hecho casi naturalizado por los medios de comunicación: la instalación de cámaras de vigilancia callejera permitirían prevención y seguridad. Tanto es así que casi ni se discuten las implicancias y pormenores que traería aparejados su implementación de esta suerte de Gran Hermano generalizado, tal como el personaje de ese mundo de opresión y control que todo lo ve en la novela 1984 de George Orwell.
¿Quién dirigiría las cámaras? ¿Quién controlaría a los vigiladores? Preguntas sencillas, pero que prácticamente no tienen lugar para su formulación en un debate casi inexistente. Esta ausencia no sería ingenua, ya que si se tienen en cuentan las experiencias en otras localidades argentinas, en la gestión y uso de los datos que generan estos sistemas se encuentran lazos con importantes empresas particulares de medios.
De todos modos, se podría decir que la propuesta de instalar estos dispositivos electrónicos se presentó tardíamente en Entre Ríos. Grandes urbes de distintos puntos del país y del mundo cuentan desde hace tiempo –varios años inclusive– con este sistema que, de un ámbito privado (grandes empresas, bancos y negocios), se trasladó al espacio público. En la provincia, en abril de 2010, el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario Roberto Massuh, había anunciado un pronto llamado a licitación para la compra de un número impreciso de cámaras de vigilancia. Primero se habló de unas 60; luego, cuando volvió a instalarse el tema en agosto de ese año se mencionó alrededor de 80 fijas y dos “móviles”. El proyecto, calificado como “ambicioso” –con una consecuente inversión–, se postuló como “el de mayor tecnología del país.
Las cámaras son de alta definición, tendrán un alcance unos 400 metros, lo que nos permite tener una amplia cobertura”, se describió oficialmente. En esa oportunidad, también se explicó que la idea estaba complementada con la puesta en funcionamiento del número telefónico de emergencias 911. En esas declaraciones iniciales, Massuh había explicado que a través de las cámaras, “el órgano jurisdiccional encargado de investigar delitos podrá contar con una herramienta procedente para, primero, prevenir actos ilícitos y segundo, esclarecer el hecho e identificar a los posibles sospechosos” (SIC). El jefe policial también explicó después que la metodología implicaría ampliar la “capacidad operativa y de prevención del delito”, para lo cual refirió a estadísticas internacionales sobre disminución de hechos ilegales merced a estas técnicas.
Turbia licitación
Así, finalizando el año del Bicentenario, se conoció que el 29 de diciembre el llamado a licitación pública para la “provisión, instalación y mantenimiento de un complejo consistente en un subsistema de Gestión de Llamadas de Emergencias 911; un subsistema radioeléctrico de concentración de enlaces digital; un subsistema de monitoreo y control urbano (CCTV); el acondicionamiento integral de un inmueble, que será utilizado como centro de monitoreo y control; y la provisión del equipamiento mencionado anteriormente para una unidad de comando móvil”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
