D. E.
Hay quienes siempre sostienen que lograr un cargo en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande es el “sueño dorado” de todo dirigente político. Allí se maneja un presupuesto millonario que es la envidia de todo organismo nacional, siempre existen ganancias, sueldos en dólares de alto nivel (el presidente Juan Carlos Cresto, entre remuneración mensual y viáticos diarios cobra cerca de 70 mil pesos mensuales) y factibilidad para contratar amigos o lograr utilidades con fines políticos. No fue casual, el año pasado, que Sergio Urribarri -un hombre cercano a la Presidenta Cristina Fernández- consiguiera 2 millones de dólares de la CTM, pese a la protesta de los funcionarios uruguayos, que se destinaron a la refacción de escuelas de la zona de Concordia y que, además, sirviera con fines políticos, para la entrega de subsidios.
Extrañamente, en casi ningún gobierno -desde el ’83 a esta parte-, nadie se ocupó, desde la oposición, en tratar de determinar los movimientos de dinero que se hacen en el organismo ni transparentar esos suculentos ingresos públicos. Siempre fue mejor mirar para otro lado. Pero está visto que nada es eterno y más aún cuando tras denuncias concretas de corrupción, comenzaron a aparecer amenazas, desvíos millonarios y muertes extrañas.
Según los entendidos, la historia comenzó a quedar al descubierto a partir de informes del agrimensor platense Fernando Alba Posse, tras realizar tareas de medición y evaluación de los terrenos ribereños del río Uruguay, en la costa argentina, contratado por la CTM. Allí se encontró con graves irregularidades: había ocupaciones indebidas de algunos terrenos y un excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que aparecían como víctimas de las inundaciones, por el avance de las aguas del lago de la represa Salto Grande, pero que, en realidad, nunca tuvieron problemas. O sea, cobraron sin ver nunca el agua en sus tierras, como sucediera con numerosos damnificados. Eran daños sobredimensionados, siembras inexistentes, metros de alambrados inventados. Los cálculos indicaron que, en principio, hubo cerca de 40 millones de pesos que se habrían pagado sin justificativo alguno.
“Durante mi trabajo como agrimensor, los errores que detecté eran tan groseros que medí tres veces los mismos terrenos y había diferencias de muchos metros. Se han pagado campos de producción de arroz que jamás se han inundado”, afirmó Alba Posse, a quien no se le renovó el contrato en febrero de este año. En ese sentido, aseveró que uno de los casos más “emblemáticos” fue el de “los campos que actualmente son de Arro Forestal”, porque a los responsables de esos inmuebles “se les pagó indebidamente producciones de arroz”. Algo similar sucedió con los terrenos arrendados por los ribereños Ángel Cometti y Sergio Farina. Alba Posse llegó a ser amenazado de muerte por Cometti, ante la situación.
Las irregularidades derivaron en una auditoría que, a posteriori, terminaron en una denuncia ante el juez federal Jorge Lijo, de Capital Federal. Comprendía lo observado por Alba Posse, pero también usurpación de tierras que habían sido expropiadas por el Estado Nacional, sobre los que se iniciaron juicios de usucapión y hasta se obtuvieron sentencias, firmadas en la misma fecha.
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