D. E.
Casi todos ellos están presos hace ya más de un año o quizás un poco más. De alguna manera, son reclusos que en toda unidad penitenciaria son tratados de otra manera, como siempre sucede con ex policías, ex militares o ex carceleros. Es el código que siempre se impone. “Tenemos que cuidarlos, porque son como nosotros”, dicen algunos penitenciarios. Tienen más acceso a reclamos de atención por problemas de salud o determinados privilegios en comidas, distracción o comodidad. Pese a que están acusados de delitos de lesa humanidad, por hechos cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina y específicamente en Entre Ríos, donde se desempeñaron.
Pero cada uno tiene también una particularidad: cobran mensualmente la jubilación pertinente, por el rol que tuvieron en los lugares en que se desempeñaron en la provincia, ya sea en la Policía, reparticiones de Salud o el Servicio Penitenciario. “Es como que mientras participaban o controlaban sesiones de tortura o disponían el secuestro de algún dirigente, aportaban a la Caja de Jubilaciones, para así esperar el beneficio, tras el retiro”, comentó Marcelo Baridón, uno de los abogados que lleva adelante las causas, al ser consultado por ANALISIS. Quienes más cobran son los ex comisarios de la Policía de Entre Ríos, como Luis Armocida (8.075,71 pesos) o Carlos Horacio Zapata (6.940,85 pesos). Ninguno tiene porcentaje de descuento, tal como sucede con el personal policial en actividad, a quienes, ante un determinado hecho delictivo que se está investigando o tienen un procesamiento sobre la cabeza, se los pasa al “servicio pasivo” e inmediatamente se les retiene el 50 por ciento del sueldo. Si se confirma la inocencia del policía, ese dinero, que fuera retenido por el Estado, le será reintegrado. Si el uniformado es condenado, puede quedar exonerado o, en algunas instancias, ante delitos menores y la cercanía con el final de su carrera, tiene la posibilidad de jubilarse y de esa manera quedar como “perdonado”. “Una vez que está fuera de la fuerza policial, nosotros no tenemos injerencia sobre su jubilación; únicamente se pueden tomar medidas estando en actividad”, indicó un alto funcionario de la institución de calle Córdoba.
El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, confirmó que todos los imputados en las causas por violaciones a los derechos humanos (la excepción es el ex jefe penitenciario, José Appelhans), que estuvieron en el Estado entrerriano, cobran puntualmente sus respectivos haberes. “Nosotros no podemos hacer nada mientras no exista una orden judicial expresa, que nos indique que no pueden cobrar más su jubilación o bien un porcentaje”, indicó. Un hombre de la Justicia Federal, al ser consultado, manifestó que “no se puede adoptar ninguna resolución en este proceso; eso lo deberá disponer, en todo caso, el tribunal que los juzgue, que condenará o no y después se verá qué cosas comprende esa sentencia”.
El conocido médico paranaense Hugo Mario Moyano es uno de los presos que menos cobra en concepto de jubilación: 4.000 pesos. No obstante, se sabe que es una persona que siempre tuvo buenos ingresos, en especial por su rol en la actividad privada. Al momento de ser detenido, el conocido médico atendía en el Hospital San Martín; en Consultorios Médicos Paraná, en calle 9 de Julio 329; y en el Instituto Privado de Pediatría, el mismo al que fueron llevados los bebés que dio a luz la militante desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar, en plena dictadura. A Moyano se le atribuye la privación ilegítima de libertad agravada y la aplicación de torturas en perjuicio de varios ex detenidos políticos, cuando se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, ya que era quien controlaba la intensidad de los tormentos que recibían los militantes, mientras eran sometidos a feroces interrogatorios.
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