Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
Tras su última reunión con miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el gobernador Sergio Urribarri señaló: “Hay una vieja y lógica intención del Poder Judicial de lograr la autarquía en los recursos, es decir, el manejo independiente de su presupuesto, con el cual coincido plenamente”. Fue el 18 de agosto pasado, en un capítulo más de las manifestaciones políticamente correctas en pos de asegurar la calidad institucional en Entre Ríos.
Ante los vocales Leonor Pañeda (presidenta), Claudia Mizawak (vicepresidenta) y Juan Smaldone (cuyo pliego de designación aprobó poco después el Senado), el titular del Ejecutivo se comprometió además a impulsar la conformación de una comisión con representantes de los dos poderes del Estado “para avanzar en el tema”.
Urribarri destacó entonces que “lograr la autarquía del Poder Judicial debe ser uno de los principales desafíos a resolver en ese ámbito”. Por eso desde la Dirección General de Información Pública (DGIP) se emitió un despacho con un título que buscó ser atractivo para los interlocutores del mandatario: “El gobierno impulsará la autarquía del Poder Judicial”.
Pero si bien la crónica oficial precisó que “Urribarri lo adelantó ante miembros del STJ”, no hubo referencia al plazo que demandará la ejecución de la medida. La mayor parte del despacho informativo oficial estuvo dedicada a la mención de obras de infraestructura proyectadas y en marcha en diferentes tribunales de la provincia.
Aunque la crónica oficial difundida al término de la reunión celebrada en el Salón de los Gobernadores nada dijo al respecto, Urribarri había tomado nota de demandas que trascendieron un mes antes. Y uno de los espacios utilizados fue el Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.
Según consta en la gacetilla número 28, fechada el 8 de julio último, tras una reunión celebrada en el Salón de Acuerdos del STJ, “se definió transmitir al Poder Ejecutivo provincial que, en línea con lo aconsejado por la Junta Federal de Cortes (Jufejus) y lo recomendado en el último Encuentro Nacional de Jueces, se dé inicio a un proceso progresivo de equiparación de sus haberes con los de la Justicia Nacional, en el marco de una política salarial propia y específica para el Poder Judicial”.
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